La firma Burwick Law impulsó una demanda colectiva en la Corte Suprema de Nueva York, en la que se menciona el rol del presidente Javier Milei en la supuesta estafa con el token cripto
Tras un mes del lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, la Corte Suprema de Nueva York registró la primera demanda colectiva o «class action» contra los responsables de la movida: la familia Davis, Julian Peh, Benjamin Chow y las firmas Kelsier Ventures, Kip Protocol y Meteora.
Representados por el estudio Burwick Law, que tiene varios triunfos en casos de estafas virtuales, los inversores afectados reclamaron una compensación y «la restitución de las ganancias obtenidas injustamente por los demandados, medidas cautelares para evitar futuras ofertas fraudulentas de tokens y el nombramiento de un síndico para proteger al público y garantizar los activos restantes de los inversores».
Según la demanda, los acusados promocionaron $LIBRA como una herramienta para fomentar el crecimiento económico en Argentina mediante la financiación de pequeñas empresas, startups y proyectos educativos. Sin embargo, los demandantes sostienen que se valió de una estrategia de distribución «injusta y manipuladora», basada en el uso de grupos de liquidez unilaterales en la plataforma descentralizada Meteora.
El escrito enfatiza que la incorporación del presidente Javier Milei a la promoción del token contribuyó a generar una falsa sensación de seguridad y rentabilidad en la inversión. «Los demandados alinearon el lanzamiento de $LIBRA con el respaldo de alto perfil del mandatario y promovieron conceptos como la revitalización económica y la transparencia financiera para reforzar la ilusión de credibilidad», señala el documento.
La denuncia representa a unos 300 damnificados que habrían sufrido pérdidas económicas, entre ellos ciudadanos estadounidenses. La justicia de EE.UU. aceptó el caso debido a la utilización de plataformas radicadas en ese país y a que las transacciones se efectuaron en dólares. Este nuevo proceso legal podría marcar un precedente en el control de las criptomonedas y la responsabilidad de figuras públicas en su promoción.
