Una contundente mayoría en Chile rechazó la propuesta de nueva Carta Magna que buscaba cambiar la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1989) por otra con más derechos sociales, en un resultado que superó las expectativas para la oposición conservadora.
El proyecto mantenía una economía de mercado pero aspiraba a consagrar un nuevo catálogo de derechos sociales en materia de salud, aborto, educación y pensiones, con foco en el medioambiente y una «plurinacionalidad» indígena.
Tras conocerse el resultado, el presidente Gabriel Boric llamó a los dirigentes políticos a escuchar «la voz del pueblo», que se expresó «de manera fuerte y clara» en la consulta, y anticipó que hará cambios en su gabinete. En paralelo, convocó a líderes de los partidos políticos y de las dos cámaras del Congreso para analizar hoy por la tarde la continuidad del proceso constitucional.
«Hay que escuchar la voz del pueblo (…) Esta decisión exige a nuestras instituciones y actores políticos que trabajemos con más empeño, con más diálogo, con más respeto y cariño, hasta arribar a una propuesta que nos interprete a todos, que nos dé confianza, que nos una como país», manifestó el mandatario.
El mandatario agregó: «Debemos ser autocríticos; los chilenos y chilenas han exigido una nueva oportunidad para encontrarnos y debemos estar a la altura de este llamado; no podemos dejar pasar el tiempo ni enfrascarnos en polémicas, hago un llamado a todas las fuerzas políticas a poner todo de su parte».
La constitución actual
Actualmente, Chile se rige por la Constitución de 1980, sancionada durante la dictadura del general Augusto Pinochet, que tuvo una importante reforma en 2005, durante el gobierno del presidente constitucional Ricardo Lagos.
Sin embargo, ese texto fue el centro de los reclamos ciudadanos en el estallido social de octubre de 2019, que llevaron a un acuerdo entre casi todos los sectores políticos para redactar una nueva carta magna.
La propuesta de nueva Constitución, escrita por 154 convencionales constituyentes elegidos con la participación de los pueblos originarios, buscaba establecer en sus 388 artículos un Estado de bienestar en el país.
Entre los cambios principales, postulaba que Chile pasara de ser una «república democrática» a una «democracia paritaria», asegurando que las mujeres ocupen al menos 50% de todos los órganos del Estado. También buscaba definir al país como un Estado plurinacional e intercultural, con el reconocimiento de 11 pueblos, que tendrían sus respectivas autonomías regionales indígenas y sistemas jurídicos de los pueblos indígenas con respeto a la Constitución.
El texto rechazado proponía cambios en el sistema político, tales como la introducción de una reelección para el presidente, la eliminación del Senado y su reemplazo por una «cámara de las regiones» con menos poder que aquel y la facultad de elaborar leyes acotadas a acuerdos regionales, y mayores atribuciones a la Cámara de Diputados.
