Organizaciones, prestadores y personas con discapacidad vuelven a las calles este martes para visibilizar su rechazo frente al veto del presidente Javier Milei a la ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso
El veto del presidente Javier Milei a la ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso, reavivó el reclamo de las personas con discapacidad y quienes las acompañan. Por ello, organizan diversas manifestaciones en todo el país para expresar su rechazo.
Personas con discapacidad, familiares y prestadores de servicios alzarán una vez más sus voces en una convocatoria federal que tendrá como punto neurálgico la plaza del Congreso en CABA, Buenos Aires.
La iniciativa es impulsada por la Asamblea de Trabajadores de Inclusión (ATI) y se replicará en varios puntos del país. También habrá paro y una clase pública en función de este reclamo.
En Córdoba, las acciones de protesta se realizarán en plaza San Martín de la capital provincial, a las 12; en Cosquín, plaza San Martín a las 10.30; Río Cuarto, en plaza Central a las 12; en CABA, en plaza Congreso a las 13.
ATI convoca a personas con discapacidad, familiares, transportistas, instituciones y a la comunidad toda en una nueva Jornada Federal por la Ley de Emergencia en Discapacidad, bajo la consigna «¡La emergencia en discapacidad es ley, que se cumpla!».
¿Cómo es la situación?
El veto presidencial, oficializado el lunes junto a otras leyes de impacto social, como el aumento a jubilaciones y la extensión de la moratoria previsional, fue justificado por el Gobierno bajo el argumento de que las iniciativas implican un gasto para el Estado. Sin embargo, el sector de discapacidad refuta esta postura.
Desde la ATI se remarcó que «el costo que tiene la implementación de esta ley no llega a un centésimo de punto del PBI», asegurando que «no afectan el equilibrio fiscal». En un comunicado contundente, el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, manifestó: «Un veto total no es austeridad: es abandono».
La Ley de Emergencia en Discapacidad fue aprobada en el Congreso con una amplia mayoría y buscaba mejorar el presupuesto destinado a salarios y pensiones, abarcando «múltiples realidades». Además, la iniciativa pretendía garantizar las prestaciones básicas, el transporte y la atención integral en un sector «totalmente golpeado por la crisis y el recorte de fondos». El Foro advirtió que, ante el veto, «hoy, esas personas, están en riesgo porque los aranceles no cubren los costos básicos de funcionamiento y muchos prestadores están al borde del cierre».
Las organizaciones critican severamente al Gobierno, señalando que la «crueldad presidencial no tiene argumentos, el desequilibrio es social y no fiscal». Además, expresaron su preocupación por el uso de dinero público para «deseos personales» del presidente, como viajes al exterior o su asistencia a eventos partidarios, mientras se ajusta a los sectores más empobrecidos.
La Ley había generado «alegría y expectativas» tras el «apoyo unánime del Senado». Ahora, la decisión final recae en ambas Cámaras del Congreso, que tienen la potestad de rechazar o sostener el veto presidencial. Para desestimar el veto, se requiere una mayoría especial de dos tercios de los votos tanto en Diputados como en Senadores. El colectivo espera el mismo respaldo de Diputados que recibieron del Senado para revertir la medida.
