La familia de un paciente de 64 años que se encuentra internado en estado vegetativo en el Hospital de Urgencias de Córdoba presentó un amparo para que se aplique la Ley de Muerte Digna. El hombre lleva cuatro meses sin responder a los estímulos y sus hijos, solicitaron que el centro de salud retire el soporte vital del paciente: hidratación y alimentación.
J.S. ingresó el pasado 13 de marzo al nosocomio con un daño cerebral severo y nunca más se despertó. Se presume que fue víctima de una golpiza cuando salía de un baile y su cuerpo se mantiene vivo por el sostén externo.
«Requerimos que se cumplimente la Ley de Muerte digna provincial (Ley 10.058) y que se proceda al retiro del soporte vital del paciente», expresó la abogada de la familia, Diva Ibarguengoytia.
La ley establece que las personas tienen derecho a realizar una Declaración de Voluntad Anticipada (DVA) que exprese la voluntad de ser sometido o no a determinados tratamientos médicos en previsión de la pérdida de la capacidad natural o la concurrencia de circunstancias clínicas que le impidan consentir o expresar su voluntad en ese momento.
La abogada de la familia dijo que los hijos del paciente se despidieron de él y comenzaron a hacer el duelo, pero los médicos tomaron la decisión de mantenerlo conectado. El caso es aún más complejo porque el mismo paciente había manifestado en vida que «llegado este momento» no quisiera que le prolonguen la vida frente a un cuadro irreversible.
El pedido sumó además el aval de un Comité de Bioética (presidido por el doctor Armando Andruet) que analizó el caso.
