La Cámara alta discutirá las modificaciones en la ley de glaciares para permitir la explotación en áreas periglaciares sin función hídrica, que genera rispideces ambientales
El Senado sesiona este jueves desde las 11 con un temario centrado en la aprobación del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, el pliego de Fernando Iglesias como embajador en Bélgica y la modificación de la Ley de Glaciares.
El oficialismo deberá reunir al menos 37 senadores para alcanzar el quórum reglamentario y habilitar el inicio del debate en el recinto.
Acerca de la reforma de la Ley 26.639 de Protección de Glaciares, la propuesta busca redefinir el alcance operativo de la norma sancionada en 2010, que establece presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y del ambiente periglaciar. Desde el Ejecutivo sostienen que la ley vigente presenta «falencias interpretativas» que generan inseguridad jurídica y desalientan inversiones, y aseguran que la modificación no elimina la protección, sino que ordena competencias entre Nación y provincias.
La reforma que impulsa el Ejecutivo busca reconfigurar el alcance de las zonas protegidas para permitir la explotación en determinadas áreas periglaciares que hoy están blindadas. El punto de quiebre es la llamada «función hídrica»: la modificación propone distinguir entre formas periglaciares que actúan como «reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas» y aquellas que no cumplen esa finalidad.
Con esta nueva redacción, se mantiene la prohibición para actividades económicas en glaciares, pero se abre la puerta a proyectos de inversión en áreas periglaciares sin función hídrica comprobable. Ahí aparece el choque político: para el Gobierno y las provincias mineras e hidrocarburíferas, se trata de «una ley más dinámica» que destrabe inversiones; para sectores que rechazan la iniciativa, es una «regresión ambiental» que perfora un piso de protección.
