El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), brinda una serie de beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios, para poder competir con los regímenes que existen en la región y en el mundo, destacan desde Casa Rosada
A través del decreto 749/2024, publicado este viernes en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional reglamentó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), una de las partes centrales de la Ley de Bases sancionada hace casi dos meses.
El Poder Ejecutivo destacó que el RIGI «apunta a promover y atraer inversiones que superen un umbral mínimo de inversión, siendo a su vez proyectos de larga maduración y que generen puestos de empleo reales y fomenten la actividad productiva del país».
En efecto, el Régimen permitirá fomentar proyectos donde los ingresos, durante los primeros 3 años, no superen el 30% de la inversión total. Se trata de inversiones superiores a los 200 millones de dólares, por lo que el capital, en general, provendrá mayormente de inversores extranjeros. Sin embargo, no es excluyente para la industria nacional.
«Se espera que el RIGI impulse a la economía, a las inversiones y al empleo. En esta línea, se proyecta que permitirá triplicar el nivel de las exportaciones en una década a través de una serie de beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios, de forma de poder competir con los regímenes que existen en la región y en el mundo», destacaron desde Casa Rosada.
Entre los beneficios más importantes, se encuentran la reducción del impuesto a las Ganancias al 25%; exenciones en el pago de derechos de importación; amortización acelerada de bienes muebles e infraestructura; y se permitirá que computen el 100% del impuesto al cheque crédito en Ganancias.
Por otro lado, tendrán facilidades para liquidar las divisas que ingresen por exportaciones: alcanzarán al 20% después de dos años iniciada la inversión, 40% después de tres años y 100% a partir del cuarto año.
Los segmentos que podrán gozar de los beneficios de la norma son: forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas.
La reglamentación aclaró que las inversiones en este último sector destinadas a transporte y almacenamiento deben superar los US$ 300 millones, mientras que aquellas orientadas a la exploración y explotación deberán ser mayores a US$ 600 millones.
