La administración de Javier Milei habilitó la transferencia al sector privado del servicio de agua potable y cloacas en el AMBA
El Gobierno cumplió el cuarto y último paso administrativo para la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), la compañía prestadora del servicio de agua corriente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y especificó que hasta un 39% de las acciones que hoy componen su capital social podría destinarse a la cotización bursátil, es decir que operará en la Bolsa.
La autorización del procedimiento de privatización del 90% del paquete accionario de AySA se formalizó a través del decreto 494/2025, publicado en el Boletín Oficial. La normativa detalla que de ese porcentaje «al menos el 51%» se venderá a «un operador estratégico mediante el procedimiento de licitación pública de alcance nacional e internacional» y que el «remanente» para completar el 90% del total del capital social se venderá en «bolsas y mercados del país», de lo que resultará una nueva sociedad cotizante en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.
El 10% restante se mantendrá en manos de los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada (PPP).
Cuarto paso administrativo del proceso privatizador de AySA
El decreto representa el cuarto paso administrativo del proceso de privatización, iniciado con la ley 27.742 de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, y que en las últimas semanas se aceleró con la publicación de la resolución 221/2025 de la Secretaría de Obras Públicas, que aprobó el «Plan de Acción de Transición de AySA S.A. para el período 2024-2026», y siguió ayer con el Decreto de Necesidad y Urgencia 493/2025, que habilitó la incorporación de capital privado mediante la modificación del marco regulatorio para la prestación del servicio público de agua potable y desagües cloacales.
El Plan de Acción es considerado por el Gobierno como «una herramienta central para garantizar la continuidad, eficiencia y sustentabilidad de la prestación en el corto plazo, al tiempo que facilita la planificación futura de mediano y largo plazo bajo un nuevo esquema normativo, institucional y de gestión».
En esa línea, sostiene que para su concreción serán necesarias inversiones de tal magnitud que el Estado no estará en condiciones de llevar a cabo sin afectar su desempeño fiscal, por lo que se hará necesaria la participación privada.
