La iniciativa fue enviada por el Gobierno nacional y establece bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. También se debatirán proyectos que alcanzan la Trata de personas y la Ley antimafia
Concluido el receso invernal, la Cámara de Diputados de la Nación inició este miércoles desde las 12:30 el debate en comisiones del proyecto que reduce la edad de imputabilidad a los 13 años, con un nuevo Régimen Penal Juvenil para los adolescentes que cometan delitos tipificados en el Código Penal.
La iniciativa será puesta en consideración en una reunión conjunta de las comisiones de Legislación Penal, Justicia y Presupuesto, que conducen Laura Rodríguez Machado (PRO-Córdoba), Manuel Quintar (LLA-Jujuy) y José Luis Espert (LLA-Buenos Aires), respectivamente.
En la jornada también se debatirán los proyectos sobre Trata de personas y de Ley antimafia, a fin de que el Gobierno tenga nuevas herramientas para combatir el crimen organizado.
El proyecto de mayor resonancia es el del Régimen Penal Juvenil, iniciativa del Gobierno que establece una baja de la edad de imputabilidad de 16 a 13 años. El PRO y la UCR proponen reducirlo a 14, mientras que Unión por la Patria apunta a conservarlo en 16.
Todos establecen parámetros normativos similares para determinar el tránsito de la pena: «Dependencias acondicionadas», con asistencia a programas educativos, de deportes y de capacitación laboral. Son expresas las coincidencias en la necesidad de ampliar la intervención estatal para las personas de 14 y 15 años a través de instituciones punitivas.
«La finalidad del régimen de responsabilidad penal juvenil es fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr educación, resocialización e integración social. El objetivo de la ley es procurar que supere el riesgo social y la conflictividad puesta en evidencia en la comisión del delito», reza uno de los artículos de la iniciativa.
A su vez, aclara que «desde el inicio del proceso penal y hasta su finalización, el adolescente imputado gozará de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, los instrumentos internacionales de derechos humanos, las constituciones provinciales, los ordenamientos locales y demás normas de aplicación».
Respecto a la ley de Abordaje Integral del Crimen Organizado, conocida como ley antimafia busca establecer qué se entiende judicialmente como crimen organizado y establece una pena de entre 8 y 20 años de prisión o reclusión por la «mera pertenencia a la asociación» delictiva. El artículo de mayor impacto estipula que cualquier persona que se le atribuya integrar un grupo criminal «será reprimido con la pena que correspondiera al delito más grave cometido por la organización».
En relación con el proyecto sobre Trata de personas, se busca modificar el artículo 145 bis, incluyendo penas de «cualquier otro fin que afecte de algún modo la integridad psicofísica». Entre los argumentos, se deducen las consecuencias del caso de Loan Peña: se habla de «entrega de niños».
