El rechazo a la decisión de la Casa Rosada recibió 63 votos -siete en contra- y obtuvo ampliamente los dos tercios. La norma aumenta el presupuesto en el área y dispone la actualización de aranceles
En una nueva sesión adversa para la Casa Rosada, el Gobierno recibió esta tarde un contundente revés: la oposición desactivó un reciente veto del Ejecutivo -primera vez en más de 20 años- y reanudó la ley que declara la emergencia en discapacidad. La decisión, que obtuvo con holgura los dos tercios, recibió 63 votos a favor y siete en contra.
La norma que vuelve a tener vigencia declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, prorrogable por un año más. Además, reformula las pensiones no contributivas y actualiza aranceles, así como compensaciones económicas, entre otras cuestiones.
El Senado de la Nación debate, además, otros proyectos, como darle media sanción a un proyecto que restringe las potestades presidenciales sobre los decretos de necesidad y urgencia (DNU).
Entre los principales puntos de la ley sancionada primero y rechazada por el Ejecutivo después, prevé el financiamiento adecuado y sostenible de las pensiones no contributivas por discapacidad.
Aprobada el último julio, la emergencia en discapacidad garantiza los fondos para una serie de prestaciones. Se trata del pago a los prestadores de servicios (enfermeros, acompañantes y transportistas) como así también el restablecimiento del proceso de aprobación de pensiones y la actualización de las sumas que, en junio de 2025 eran de 213.286,50 pesos.
En la sesión, el primero en tomar la palabra fue el senador pampeano Daniel Pablo Bensusán. Dijo que Javier Milei lo vetó «fundamentando que afectaría y rompería el equilibrio fiscal y tantas otras mentiras como ya nos tienen acostumbrados. En definitiva, el veto se basa en el famoso ahorro de Sturzenegger y Caputo».
«El famoso ahorro es una gran mentira, porque con ese ahorro no hay más plata para los jubilados, las universidades, las personas con discapacidad, la obra pública… se roban los fondos de las provincias», señaló Bensusán, para preguntarse luego «¿cuál es el sentido de ese ahorro que nos pretende vender el presidente?».
«Hay cinco millones de personas con discapacidad, un 10% de la población –continuó-. ¿Qué se vetó? Que las personas con discapacidad puedan acceder a una pensión, el 70% de la mínima; un aumento razonable en el valor de las prestaciones que reciben las personas con discapacidad».
