La causa, que se tramita en Comodoro Py, investiga presuntas violaciones sistemáticas a los derechos humanos
La Justicia argentina dio un nuevo paso en una causa de fuerte impacto político y diplomático al solicitar formalmente la extradición del ex presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para que sea juzgado en el país por presuntas violaciones a los derechos humanos. El requerimiento fue presentado este lunes por el fiscal federal Carlos Stornelli ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 2, a cargo de Sebastián Ramos.
En su escrito, Stornelli recordó que sobre Maduro «pesa un llamado a prestar declaración indagatoria y una orden de detención vigente», dispuesta por la Cámara Federal porteña en septiembre de 2024. En aquel fallo, el tribunal ordenó la «inmediata detención» del entonces mandatario venezolano por «graves violaciones a los derechos humanos», junto con otros altos funcionarios del régimen chavista, entre ellos Diosdado Cabello.
El origen de la causa judicial
La investigación se originó en 2023 a partir de una denuncia presentada por el Foro Argentina para la Defensa de la Democracia, encabezado entonces por el actual legislador porteño Waldo Wolff, junto con el abogado Tomás Farini Duggan. La presentación se realizó ante los tribunales de Comodoro Py e incluyó testimonios y pruebas sobre presuntas detenciones ilegales, torturas y persecuciones políticas en Venezuela.
Según recordaron desde el FADD, la denuncia fue respaldada por declaraciones de ciudadanos venezolanos perseguidos por el régimen, algunos de los cuales afirmaron haber sido torturados en el centro de detención conocido como El Helicoide. Como consecuencia de ese proceso judicial, se libró un pedido de captura que impidió la visita de Maduro a la Argentina para participar de la cumbre de la CELAC en 2023.
El pedido de extradición se produce luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informara públicamente que Maduro fue capturado en una operación realizada en Venezuela y trasladado a Nueva York junto con su esposa. En ese país, el exmandatario enfrenta cargos desde 2020 por conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína y delitos vinculados al uso de armas de guerra.
Según informaron las autoridades norteamericanas, las imputaciones prevén penas que van desde los veinte años de prisión hasta la cadena perpetua.
La causa que se tramita en Argentina se apoya en el principio de jurisdicción universal, que habilita a los tribunales nacionales a investigar delitos de lesa humanidad con independencia del lugar de comisión de los hechos y de la nacionalidad de las víctimas o de los imputados.
El expediente incorpora además informes de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que documentó casos de torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales atribuidas a fuerzas de seguridad del Estado venezolano desde 2014, así como testimonios directos de víctimas que declararon ante la Justicia argentina.
