El proceso judicial busca determinar responsabilidades por las restricciones durante la pandemia que impidieron a la joven enferma de cáncer despedirse de su familia antes de morir
Este lunes comienza en la Cámara Criminal y Correccional de 1° Nominación de Río Cuarto el juicio por jurados contra dos integrantes del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) que, durante la pandemia, impidieron el ingreso a Córdoba del padre de Solange Musse. La joven, que padecía cáncer de mama avanzado, falleció en agosto de 2020 sin poder despedirse de él.
Los acusados son el médico Eduardo Andrada, entonces director del hospital de Huinca Renancó, y la asistente social Analía Morales, responsable del puesto sanitario de esa localidad. Ambos afrontan cargos por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público.
El tribunal estará integrado por los jueces Daniel Antonio Vaudagna, Nicolás Rins y Diego Ortiz, junto al jurado popular. La acusación la lleva adelante el fiscal de Cámara Julio Rivero.
La despedida que no pudo ser
Según la fiscalía, los funcionarios le negaron a Pablo Musse, padre de Solange, el ingreso a la provincia, a pesar de que se trataba de un caso considerado «impostergable» en los protocolos sanitarios. El hombre viajaba acompañado de una persona con discapacidad y, tras la negativa, debió regresar a Plottier, en Neuquén, escoltado y encapsulado por la Policía.
La decisión le impidió compartir con su hija sus últimas horas de vida. Solange murió el 21 de agosto de 2020, a los 35 años, en su casa de Alta Gracia, bajo internación domiciliaria y asistencia de oxígeno.
Reclamos
Tras el fallecimiento, Pablo Musse responsabilizó tanto al Gobierno de Córdoba como al entonces presidente Alberto Fernández. En una carta abierta publicada en redes sociales, expresó: «Las últimas palabras de ni hija fueron ‘hasta el último suspiro tengo mis derechos'».
En ese mismo texto denunció haber sido tratado como «terrorista» junto a su cuñada Paola Oviedo, con discapacidad, ya que ambos fueron escoltados por fuerzas de seguridad a lo largo de 900 kilómetros y cuatro provincias.
El juicio que inicia hoy busca determinar las responsabilidades de los funcionarios del COE en una de las historias más dolorosas que dejó la pandemia en Córdoba.
