La decisión genera tensión con los líderes provinciales y se da en un contexto de repercusiones políticas tras las elecciones bonaerenses y los escándalos recientes dentro del oficialismo
El jueves por la tarde, el presidente Javier Milei vetó la ley de redistribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que había aprobado el Congreso y había sido impulsada por los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
La medida marca un nuevo capítulo en la relación entre el Ejecutivo y los líderes provinciales. El veto se da en un contexto de alta tensión política para el Gobierno, con repercusiones tras el resultado en las elecciones bonaerenses y la interna dentro del oficialismo, así como las secuelas del escándalo por los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
El decreto presidencial argumenta que la ley contradice la finalidad original de los fondos ATN, asegurando que no son parte de la «masa coparticipable de distribución automática», sino un instrumento «extraordinario y de aplicación discrecional» para que el Estado Nacional pueda responder a contingencias críticas e imprevistas.
Como ejemplos, el documento menciona la asistencia a provincias durante la pandemia de COVID-19 y las emergencias hídricas y económicas de 2024 y 2025. El gobierno sostiene que quitarle esta herramienta de acción inmediata al Estado es un «menoscabo concreto» a sus facultades.
El Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) está previsto en la Ley de Coparticipación Federal para atender «situaciones de emergencia y desequilibrios financieros» de los gobiernos provinciales. Según la norma, del total de impuestos coparticipables, el 42,34% queda en el Gobierno nacional, el 56,66% se distribuye automáticamente entre las provincias, y el 1% restante se reserva para los ATN.
De esta manera, la norma vuelve al Senado, que fue donde se presentó el proyecto originalmente y desde el cual podría iniciarse su insistencia para, con el acompañamiento de los dos tercios de los votos de ambas cámaras, lograr su ratificación.
La ley había sido sancionada el 20 de agosto por la Cámara de Diputados y establecía que los ATN debían distribuirse de acuerdo a la ley de coparticipación federal. Este veto, en principio, deja entrever una escalada de la relación conflictiva del Gobierno Nacional con los gobernadores, sobre todo considerando que el 26 de octubre son las elecciones legislativas nacionales.
