La empresa cumplió con la construcción de solo 2.500 viviendas sobre un total de más de 30 mil contratos firmados
La megacausa por estafas de Márquez y Asociados sigue generando nuevas denuncias y ya son cerca de 4 mil los casos. Según fuentes de la fiscalía de Delitos Complejos, unos 3.500 casos llegaron por la página que habilitó la Justicia provincial para hacer la denuncia online y otros 400 a 500 están agrupados en distintas presentaciones que hicieron damnificados con estudios de abogados.
De acuerdo a un relevamiento judicial, el cumplimiento de los contratos rondaría los 2.500 hogares mientras que la compañía había firmado unos 30.000 en total, dejando un universo de damnificados enorme.
El caso, a cargo del fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier, se inició a partir de una denuncia conjunta de un grupo de clientes que reclamaban una demora exagerada en la entrega de sus viviendas. La empresa había prometido a estos últimos el comienzo de los trabajos en torno a los 12 meses tras la firma del contrato y el depósito de varias cuotas.
A partir de ese conflicto inicial fue que surgió un caudal de denuncias que llegaron a manos del fiscal. Casi todas ellas concentradas en varios estudios jurídicos de Córdoba que se ofrecieron para llevar la causa y poder buscar una solución común.
La investigación sigue en curso y el número de damnificados sería todavía indeterminado. No obstante, versiones dentro del Poder Judicial hablan de cifras sin precedentes en casos de presunta estafa inmobiliaria.
Dueños detenidos
Por el caso, el fiscal Gavier ordenó la detención directa contra los dueños de Márquez y Asociados. Se trata de los hermanos Ariel, Pablo y Matías Márquez, además del contador Ramiro Nieva, quienes se desempeñaban como parte de la cúpula de la empresa.
En todos los casos el destino preventivo fue el penal de Bouwer. También quedaron señaladas por la Justicia las esposas de los respectivos empresarios, que habrían operado una unidad de negocios interna de la empresa que prometía la vivienda propia a través de un sistema accesible.
Según la fiscalía, el delito se constituyó a partir de que la empresa continuó celebrando contratos sin aún haber hecho cumplimiento de compromisos anteriores. Un esquema que se repite en estafas inmobiliarias, donde los pagos más recientes se van «calzando» para poder hacer frente a las demandas de clientes más antiguos, formando así una cadena que tarde o temprano se corta.
La empresa, que había ganado notoriedad en Córdoba y en el país mediante fuertes estrategias de marketing, llegó a operar en provincias como Santa Fe, Santiago del Estero, Mendoza, La Rioja y Neuquén.
