El juzgado de San Martín hizo lugar a una cautelar del gremio Sevina. La medida impide por seis meses avanzar con cesantías, traslados y reestructuraciones. El Gobierno anunció que apelará
La Dirección Nacional de Vialidad seguirá existiendo, al menos por seis meses. Así lo resolvió la jueza federal de San Martín, Martina Isabel Forns, quien suspendió los efectos del decreto 461/2025 que había firmado el presidente Javier Milei para disolver el organismo y transferir sus funciones a otras áreas del Estado.
La decisión fue en respuesta a una medida cautelar presentada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (Sevina), que alertó sobre la amenaza a la estabilidad laboral de cientos de trabajadores. La jueza hizo lugar al planteo y ordenó al Poder Ejecutivo que se abstenga de ejecutar cualquier medida derivada del decreto: reubicaciones, traslados, cesantías o eliminaciones de estructuras.
La presentación de Sevina no fue la única que se efectivizó contra el cierre de Vialidad. El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) había presentado también una acción de amparo contra la disolución de ese organismo, así como también la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial.
Este último planteo pidió que el decreto sea declarado inconstitucional y que, por lo tanto, se suspendan sus efectos.
Los fundamentos del fallo: derechos laborales y peligro en la demora
En su resolución, Forns argumentó que el decreto avanzaba sobre derechos protegidos por la Ley de Contrato de Trabajo, la Constitución Nacional y convenios internacionales. Subrayó que cualquier modificación en las condiciones laborales debe surgir de la negociación colectiva, no de decisiones unilaterales del Ejecutivo.
«Se vulneran las normas y garantías laborales vigentes», sostuvo la jueza, al citar el artículo 33 del decreto, que colocaba los movimientos de personal bajo el control exclusivo de la Secretaría de Transformación del Estado, encabezada por Federico Sturzenegger.
Además, Forns destacó que la urgencia del caso justificaba el dictado de una medida cautelar: «La falta de una protección jurisdiccional inmediata ante el riesgo cierto de un daño inminente e irreparable puede derivar en un perjuicio efectivo», advirtió.
Qué ocurrirá ahora: seis meses de suspensión y probable apelación
La medida tiene una vigencia inicial de seis meses, mientras se resuelve la cuestión de fondo: si es legal o no la disolución de Vialidad Nacional tal como lo propuso el Gobierno. Durante ese período, la administración de Milei no podrá avanzar con reestructuraciones ni traslados dentro del organismo.
Desde el entorno presidencial anticipan que apelarán el fallo ante la Cámara Federal de San Martín. No obstante, el revés judicial representa un freno significativo para la «motosierra» de La Libertad Avanza, que ya había encontrado resistencias sindicales y políticas por otras reformas impulsadas por decreto.
La Dirección Nacional de Vialidad, creada como entidad autárquica, es clave en la planificación y ejecución de obras viales en todo el país. Su eventual cierre había generado alarma no solo en el ámbito gremial, sino también entre gobernadores y actores del sector productivo.
