La central obrera se reunirá este jueves para analizar los pasos a seguir tras el anuncio del mega decreto, que avanza sobre importantes derechos de los trabajadores consagrados por ley
La central obrera evalúa convocar a un paro general contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que presentó Javier Milei, que avanza sobre importantes derechos de los trabajadores consagrados por ley.
Los principales dirigentes de la CGT definieron anoche que este jueves mantendrán una reunión para discutir el lanzamiento de un paro nacional, contra el decreto de 300 medidas anunciadas por el presidente Milei. «Están en pie de guerra», afirmó a LPO un dirigente del peronismo que habló anoche con el líder de la CGT, Héctor Daer.
«Esto es muy grosero» agregaron al mismo medio desde uno de los gremios que integra esa central. El decreto del gobierno libertario activó la resistencia de la CGT y, además, impulsó el regreso de las cacerolas que tomaron las calles y avenidas y se concentraron en el Congreso.
Entre las iniciativas que encendieron las alarmas del movimiento obrero figuran la eliminación de la ultraactividad de los convenios, la reversibilidad y cuidados de teletrabajo, la ampliación del período de prueba y hasta la desregulación de las obras sociales.
El punto central a debatir entre las agrupaciones sindicales será el impacto de la reforma laboral decretada por Milei que, entre otras cuestiones, reemplazará las indemnizaciones por fondos de desempleo, reducirá los aportes patronales, extenderá los períodos de prueba y eliminará multas a los empleadores por no registrar trabajadores.
En este sentido, el secretario adjunto de Camioneros y triunviro de la central obrera, Pablo Moyano, había adelantado ayer que podrían judicializar el DNU ante una entrevista en la AM 750: «Nadie va a quedarse de brazos cruzados mientras se les sacan los derechos y las indemnizaciones», había dicho el camionero.
Por ahora, la estrategia es analizar cada paso antes de proceder. A pesar del apoyo que obtuvo Milei en las urnas, los dirigentes sindicales confían en que las bases no quedarán inermes frente al avance concreto de la precarización sobre los trabajadores, aunque muchos de ellos hayan votado por el libertario.
«Lamentablemente con la bronca del momento la gente optó por este gobierno, pero nosotros les advertimos que venían a sacarles derechos a los laburantes», sostuvo Moyano.
La central obrera venía manteniendo conversaciones en dos frentes distintos. Por un lado, negoció con el ministro del Interior Guillermo Francos, el alcance de la reforma libertaria y de esta forma consideraban que habían conseguido morigerar algunas de sus consecuencias directas sobre los sindicatos. Entre otras cuestiones, Francos les aseguró que no habría modificaciones en la Ley 23.511 de Asociaciones Sindicales que pudiesen establecer límites a los mandatos de los dirigentes o introducir cambios en lo métodos de votación, ni en las cuotas solidarias, a través de las que afiliados y no afiliados legitiman el rol de intermediario que tienen los gremios en la discusión salarial. Donde no les cumplió fue en la limitación de la ultraactividad como prórroga automática de los convenios colectivos.
Por otra parte, los dirigentes de la CGT buscan anticiparse a la discusión que tendrá lugar en el Congreso, cuando ingrese el paquete de desregulaciones económicas y reformas del Estado para cuya aprobación Milei deberá articular consensos con la oposición. Los gremialistas entienden que es una batalla que tendrán que dar con tantos aliados como les sea posible conseguir.
