La votación resultó con 51 votos a favor y 19 en contra. Los municipios deben adecuar sus ordenanzas en un plazo de 30 días
La Legislatura de Córdoba sancionó anoche la prohibición definitiva de limpiavidrios y cuidacoches que operen fuera de la ley. La votación fue con 51 votos a favor y 19 en contra.
La iniciativa impulsada por el legislador Agost Carreño, fue consensuada con otras propuestas presentadas por Matías Chamorro, del socialismo aliado al oficialismo provincial, y por los radicales Matías Gvozdenovich e Inés Contrera.
La nueva normativa establece que el cuidado de vehículos sin autorización se sancionará con hasta seis días de trabajo comunitario, multas de hasta cincuenta Unidades de Multa o arrestos de hasta seis días. En tanto, quienes incumplan con las condiciones de habilitación podrán recibir sanciones menores: hasta tres días de trabajo comunitario, multas de hasta doce Unidades de Multa o arrestos de hasta tres días.
Por otra parte, la ley prohíbe expresamente la actividad de limpiavidrios en todo el territorio provincial. Para estos casos, se prevén sanciones similares a las más altas: hasta seis días de trabajo comunitario, multas de hasta cincuenta Unidades de Multa o arrestos de hasta seis días.
En cuanto a su implementación, la ley obliga a los municipios a adecuar sus ordenanzas en un plazo de 30 días, lo que abre una nueva etapa centrada en la aplicación efectiva de las medidas.
Un debate con posiciones polarizadas
El oficialismo logró avanzar con la ley, aunque enfrentó duros cuestionamientos desde distintos sectores. El espacio del juecismo, junto a legisladores libertarios y de izquierda, rechazó la iniciativa con argumentos diversos.
Entre ellos, el legislador Gregorio Hernández Maqueda, referente libertario, celebró la prohibición de limpiavidrios pero cuestionó el enfoque sobre los naranjitas. «Se aprobó una ley trucha», sostuvo, al considerar que la norma «no elimina el problema» sino que profundiza la diferencia entre trabajadores legales e ilegales.
En la misma línea, advirtió que la regulación podría sostener situaciones de extorsión en la vía pública y anticipó que insistirá con un proyecto de prohibición total de la actividad.
