El ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, presentó este martes en la Legislatura el proyecto de presupuesto provincial 2020, que tiene el objetivo declarado de “cuidar a los cordobeses” ante la crisis económica que atraviesa el país, y pone énfasis en una política tributaria ágil y moderna que tiene como principales ejes la simplificación del cobro de Ingresos Brutos y la unificación de gravámenes percibidos por los niveles nacional, provincial y municipal.
Atento a la situación económica nacional, Córdoba vislumbra un año de austeridad con ingresos y gastos que se ubicarán en los 253 mil millones de pesos, por debajo de los 269 mil millones de 2019.
De similar manera se prevé una inversión de 41 mil millones de pesos para 2020, menos de los 49 mil millones de 2019, que se cubrirán con 12 mil millones de pesos de ahorro disponible y 29 mil millones de endeudamiento. “Hay un cuidado en los gastos y eso permite conservar capacidad de ahorro y seguir con inversiones, aunque con un ritmo menor al del año anterior”, precisó Giordano. Se calcula que la recaudación provincial crecerá un 42% el año próximo.
Política tributaria
El proyecto contempla, en materia de simplificación impositiva, la creación de un registro único tributario que permitirá el entrecruzamiento de información de contribuyentes de IVA e Ingresos Brutos y la puesta en marcha hacia marzo del año próximo de la unificación de los cobros de IVA, II.BB. y tasas municipales, lo que representará un ingreso adicional de 50 millones de pesos mensuales. Paralelamente se profundizará el proceso de reducción y simplificación de alícuotas acordado en el Pacto Fiscal al llevar las 80 alícuotas vigentes de II.BB en 2019 a sólo 20, en 2020. “Debemos prever un año próximo con menos recursos que los de 2019”, anticipó Giordano, explicando el declive por la caída de ingresos ligados a la actividad económica.
Se dispone, además, de la segmentación de los impuestos patrimoniales como el inmobiliario urbano y rural en función de la capacidad contributiva de sus propietarios.
En cuanto al impuesto inmobiliario urbano, se proyecta una actualización del 53% para las propiedades que tienen una valuación fiscal inferior a 3,5 millones de pesos y que representan el 79% del total; un incremento del 42% para aquellas cuyo valor fiscal se ubica entre 3,5 y 10 millones de pesos y que son 18% del total y del 57 por ciento para aquellas valuadas entre 10 y 25 millones de pesos. Las que están valuadas en más de 50 millones tendrán un aumento del 91%, pero representan sólo el 0,2% del total de las propiedades.
Respecto del inmobiliario rural, los ajustes oscilarán entre el 46% y el 77% según la extensión y valuación del predio. En su presentación, Giordano recordó que aproximadamente el 60% del total de las imposiciones sobre los inmuebles rurales pasa a engrosar el Fideicomiso para el Desarrollo Agropecuario, es decir un fondo cuyos recursos son administrados de manera independiente y se destinan a a infraestructura productiva.
Exenciones y municipios
Si bien la iniciativa destaca los 19 meses consecutivos de crisis a nivel nacional y la gran incertidumbre que esto genera a futuro, se mantienen las exenciones del impuesto inmobiliario urbano para los grupos más vulnerables: 63 mil adultos mayores que se encuentran bajo la línea de pobreza y 42 mil titulares de un único inmueble que se hallan en la pobreza o la indigencia. Esto totaliza 105 mil personas con exenciones, los que representan el 9% del padrón provincial.
En cuanto a la relación con los municipios, la Provincia busca acompañarlos en un tiempo de estrechez para lo cual decidió aumentar la masa de recursos distribuidos automáticamente a través del régimen de coparticipación para lo cual se eliminan en 2020 fondos que se cobran junto con el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y el Impuesto Inmobiliario Rural.
