Las reformas fueron aprobadas por el Congreso en febrero y publicadas días después en el Boletín Oficial. Entre otros aspectos, determina la baja en la edad de imputabilidad y prisión efectiva para delitos graves
El nuevo Régimen Penal Juvenil comenzó a regir este sábado en Argentina, luego de que el Gobierno modificara la baja de imputabilidad. Así, las personas que sean mayores de 14 años y cometan delitos podrán ser imputadas por los mismos.
La Ley 27.801, que fue aprobada por el Congreso en febrero de este año, modifica la normativa de a Ley 27.278 que regía desde la década del 80, brindando nuevos lineamientos sobre los delitos cometidos por menores de edad.
Según el texto, este nuevo régimen busca «fomentar en el adolescente imputado el sentido de responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social».
Por un lado, ahora los menores podrán ser juzgados por delitos a partir de los 14 años, a diferencia de los 16 años de la ley anterior, con penas que van hasta los 15 años. Además, los progenitores serán civilmente responsables por los ilícitos cometidos por sus hijos.
Como sucedía con la ley anterior, sigue prohibido «difundir nombres, sobrenombres, filiación, parentesco o residencia del adolescente imputado, como también sus fotos o datos de identificación».
Por otra parte, los adolescentes que cometan delitos y sean juzgados podrán ser detenidos en dependencias acondicionadas especialmente para menores, sin compartir alojamiento con mayores de edad. También tendrán derecho a acceder a programas educativos para concluir sus estudios obligatorios, programas de formación ciudadana para su inserción social, de capacitación laboral y deportivos.
La normativa, además, incorpora garantías específicas para los menores durante el proceso judicial. Entre ellas, contempla el derecho a contar con defesa técnica y la intervención de equipos especializados que deberán acompañar y evaluar cada situación.
La implementación de la reforma también abre un debate sobre cómo abordar la problemática de los delitos cometidos por menores. Mientras sus impulsores sostienen que permitirá contar con herramientas concretas frente a hechos graves, distintos sectores plantean la necesidad de reforzar políticas de prevención, inclusión y protección de derechos.
Con el nuevo régimen ya vigente, será la Justicia la encargada de determinar en cada caso qué medidas corresponden aplicar de acuerdo con la edad del adolescente, el delito investigado y las circunstancias particulares del hecho.
