La medida se oficializó en el Boletín Oficial y prevé la distribución de fondos para asociaciones de distintos niveles y la Agencia Federal de Emergencias
En el contexto de los incendios que afectan a distintas zonas de la Patagonia, el Gobierno nacional confirmó una inversión superior a los $100 mil millones destinada a Asociaciones de Bomberos Voluntarios de todo el país, con el objetivo de reforzar el equipamiento y los recursos para combatir el fuego y proteger a la población.
La decisión quedó formalizada a través de la Resolución 91/2026, publicada en el Boletín Oficial, que dispone la asignación de recursos económicos a asociaciones de primer, segundo y tercer grado, así como a la Agencia Federal de Emergencias, todas dependientes del Ministerio de Seguridad Nacional.
De acuerdo con lo establecido, los fondos estarán destinados a la adquisición de equipamiento, insumos, vestimenta y elementos de protección personal, además de cubrir gastos vinculados a la preservación y el mantenimiento de los recursos empleados en la prevención y combate de incendios y en acciones de defensa civil.
Cómo se distribuirán los fondos
Las asociaciones de Bomberos Voluntarios de primer grado percibirán un total de $100.810.319.998,50, suma que será distribuida entre 1.062 instituciones, lo que equivale a un monto superior a los $94 millones por entidad.
En cuanto a las organizaciones provinciales de segundo grado, se les asignaron $7.754.639.995,93, que serán repartidos de forma proporcional de acuerdo con la cantidad de asociaciones adheridas que cada federación haya declarado.
A su vez, la Agencia Federal de Emergencias recibirá $2.584.880.009,64, mientras que el Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios, en su carácter de entidad de tercer grado, accederá a una asignación significativa destinada a reforzar su capacidad operativa.
Las autoridades señalaron que la Dirección Nacional de Bomberos Voluntarios tendrá a su cargo la presentación del listado de instituciones beneficiadas para avanzar con las transferencias, las cuales se realizarán de acuerdo a los ingresos disponibles en la cuenta recaudadora del Banco Nación y al cumplimiento de las rendiciones exigidas.
Asimismo, se subrayó que todas las entidades deberán contar con su documentación administrativa actualizada. En caso de detectarse irregularidades o incumplimientos, el Estado podrá suspender el subsidio e iniciar acciones legales.
