El Ministerio de Economía oficializó el inicio del proceso para vender el 100% del paquete accionario de la empresa estatal que presta el servicio exclusivo de rampa en aeropuertos. La operación se realizará mediante licitación pública y busca garantizar la continuidad del servicio
Intercargo dejará de ser una empresa estatal y pasará a manos privadas en un plazo de ocho meses. Así lo dispuso el Gobierno Nacional mediante la Resolución 1067/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial, donde se detalla la venta del 100% del paquete accionario a través de una licitación pública, sin participación preferencial ni programas para empleados.
La privatización se enmarca en lo establecido por la Ley 27.742, que declaró a Intercargo «sujeta a privatización», y en los Decretos 695/2024 y 198/2025, que facultaron al Ministerio de Economía a avanzar con el procedimiento.
La Secretaría de Transporte deberá confeccionar toda la documentación técnica y contractual necesaria, además de gestionar la rescisión del actual contrato de concesión, en tanto que la Agencia de Transformación de Empresas Públicas coordinará el cronograma de ejecución. Para ello, solicitará a una entidad bancaria estatal la tasación del paquete accionario de la firma.
Continuidad del servicio y conectividad
La resolución establece que la Subsecretaría de Transporte Aéreo deberá garantizar que la privatización no afecte la continuidad del servicio de rampa ni la conectividad nacional e internacional, un aspecto considerado estratégico por el Ejecutivo.
El procedimiento se llevará a cabo a través de la plataforma CONTRAT.AR, tal como lo dispuso el Decreto 416/2025, que regula las contrataciones públicas digitales.
La venta de Intercargo implica un cambio profundo en el esquema operativo del sector aeroportuario argentino. La empresa, hasta ahora controlada en su totalidad por el Estado, es la única autorizada a prestar el servicio de rampa, que incluye el traslado de equipaje, asistencia a aeronaves y servicios en plataforma.
El Gobierno busca atraer inversores nacionales e internacionales, aumentar la eficiencia y garantizar la competitividad del servicio, en línea con la política de reducción del peso estatal en empresas públicas.
