El presidente Alberto Fernández anunció que el Estado nacional intervino la exportadora de cereales Vicentin. El mandatario definió la decisión como «estratégica» y destacó que contribuye «para lograr soberanía alimentaria que el país necesita».
Este grupo, actualmente en concurso de acreedores, se encuentra en medio de una «enorme crisis financiera», con el Estado como principal acreedor.
En este marco, Fernández comunicó también que el Gobierno buscará expropiar los activos de la empresa mediante una ley que enviará al Congreso. De esos activos se haría cargo YPF Agro, detalló el Presidente.
«El Estado es el principal acreedor de la empresa. La vamos a rescatar, es una empresa líder para que continúe funcionando y sus trabajadores tengan la tranquilidad de seguir trabajando, lo mismo que los productores que le venden lo que producen», aseguró el presidente y agregó que se declarará a la empresa de interés público.
La decisión del primer mandatario fue la intervención del grupo empresario y la designación del «experto» Gabriel Delgado al frente de esta intervención.
“Estamos firmando un DNU que dispone la intervención del Grupo Vicentín, y hemos designado como interventor a Gabriel Delgado. Y estamos mandando al Congreso una ley de expropiación para que el Estado nacional se haga cargo”. El presidente @alferdez en conferencia de prensa. pic.twitter.com/uJz7A9akqg
— Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) June 8, 2020
Delgado es doctor en finanzas y en economía agropecuaria. Se desempeñó como secretario de Agricultura durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. La intervención desembarcará a partir de este martes.
Asimismo se enviará un proyecto de ley al Congreso disponiendo la expropiación de la compañía. En el proyecto trabajó el ministro de Desarrollo, Matías Kulfas y la senadora Anabel Sagasti.
El Presidente remarcó que «todos los empleados continuarán en sus puestos». Se trata de una empresa que tiene 1.300 puestos de trabajo directos y a ello se le debe sumar otro tanto de puestos de trabajo indirecto.
El proyecto de ley de expropiación propondrá que el Estado se haga cargo de todo activo del Grupo Vicentín que se conformará en un fondo fiduciario cuya gestión será encomendada a YPF Agro, «una empresa líder de capitales mixtos», precisó el primer mandatario.
Uno de los roles fundamentales que le confiere el Gobierno a esta estatización es que es «muy importante tener una empresa testigo en el mercado de granos como YPF (en el caso de combustibles) que pueda dar señales, pero nada más que eso», aseveró el jefe de Estado.
El principal acreedor de Vicentin es el Banco de la Nación con 18.300 millones de pesos, también tiene una deuda con Banco Provincia de Buenos Aires por 1.600 millones de pesos y además es deudora del Estado por cifras millonarias.
Ante las posibles críticas al proyecto en el sentido de que podía ser una señal de ir hacia el «modelo de Venezuela», Fernández aclaró que se trata de «una empresa que iba camino a la quiebra, no es una empresa próspera que se nos ha ocurrido expropiar». Y agregó que «los santafecinos están muy contentos y los argentinos tenemos que estar muy contentos porque es un paso hacia la soberanía alimentaria».
Con información de Ámbito Financiero





































































