El oficialismo logró la aprobación de la Ley Bases con 147 votos afirmativos. En cuanto al paquete fiscal, el Gobierno cedió en comisión con las privatizaciones y logró el apoyo necesario para el regreso de Ganancias y el nuevo piso de Bienes Personales
La Cámara de Diputados sancionó la Ley Bases con los cambios que aplicó el Senado con 147 votos a favor y restituyó el impuesto a las Ganancias con una mayoría de 136 votos.
Apoyaron la iniciativa de La Libertad Avanza (LLA), el PRO, el grueso de la UCR, la mayor parte de Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal, la Coalición Cívica y otras fuerzas minoritarias.
En contra votaron el bloque Unión por la Patria, los cinco integrantes del Frente de Izquierda, los dos diputados socialistas de Santa Fe (Mónica Fein y Esteban Paulón) y Natalia De la Sota de Hacemos Coalición Federal.
Se abstuvieron Sergio Acevedo (Por Santa Cruz), y Mónica Frade (Coalición Cívica).
En este marco, se repuso la versión original de Bienes Personales, elevando el piso del tributo y eximiendo a buena parte de la clase media alta. Este punto obtuvo 134 votos afirmativos, 118 negativos y 3 abstenciones.
Tras su aprobación, el nuevo piso pasará de $27 millones a $100 millones y la deducción por la vivienda familiar alcanzará los $350 millones.
El tratamiento se extendió por más de 12 horas de debate pero, mientras que la aprobación del proyecto insignia de Javier Milei nunca estuvo en duda, la insistencia con el gravamen sobre el salario de los trabajadores estuvo en riesgo por la resistencia de casi 20 legisladores aliados a acompañar al oficialismo en este punto.
El regreso del impuesto a las ganancias para los trabajadores obtuvo 136 votos a favor y 116 en contra, con 3 abstenciones.
El texto aprobado simplemente ratifica todas las modificaciones que se hicieron en el Senado.
De este modo, queda por fuera la posibilidad de privatizar tres empresas del Estado: Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina. Además, seguirá vigente la moratoria previsional, ya que el texto que planteaba su eliminación fue retirado durante la discusión en la Cámara Alta.
Uno de los cambios importantes fue introducido en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), en el cual se modificó el artículo 165 para limitarlo a cierto sectores: foresto-industria, infraestructura, minería, energía, tecnología, turismo, siderurgia, petróleo y gas. Además, se incorporó que un mínimo del 20% de la inversión debe realizarse con proveedores locales.
Otra innovación fue la definición de que, los «contratos de obra pública que se encontraran físicamente ejecutadas en un ochenta por ciento (80%) deberán finalizarse».
En cuanto al título referido a la Reforma del Estado, se prohibió la disolución de organismos vinculados a la cultura.
La reforma laboral también quedó aprobada con las modificaciones que se realizaron en la Cámara Alta. La redacción final incluye el aumento del período de prueba de 3 meses (actual) a entre 8 y 12 meses; la posibilidad de desvinculación de un empleado por «justa causa» en caso de huelga, asamblea o bloqueo en el lugar de trabajo; la eliminación de la doble indemnización por no registración laboral; la posibilidad de utilizar un contrato por tiempo determinado y mediante el monotributo, en reemplazo de toda la legislación laboral vigente si «hay acuerdo entre las partes»; entre otras cosas.
En el caso de Bienes Personales, se reducirán los alcances del tributo, con una suba del mínimo no imponible y bajas en las alícuotas con el objetivo de incentivar el blanqueo de capitales. Sobre este título, aunque el poroteo estaba más holgado que el del Impuesto a las Ganancias, también hubo algunas bajas de la UCR. Facundo Manes, Pablo Juliano, Marcela Coli, Fernando Carbajal, Mariela Coletta, Danya Tavella y Carla Carrizo no votaron afirmativamente su restitución.
Por último, respecto de la reducción del Gasto Tributario (presente en el art. 111 de la ley de Diputados), no se logró cosechar los dos tercios de los votos para su restitución. Aquí tampoco hubo sorpresas, ya que originalmente el pedido fue realizado por la UCR y la CC, a sabiendas de que no iban a lograr torcer el rechazo del Senado.
