Desde hoy, el límite diario de personas que pueden ingresar al país por vía aérea pasará de 2.000 a 600 a partir de una disposición del Gobierno que implicará una compleja reprogramación de vuelos y la adopción de nuevas medidas sanitarias para los viajeros que ingresen desde el exterior entre el 1 de julio y el 31 julio, que deberán aislarse en hoteles o en sus casas, según determine cada gobierno provincial, durante al menos 10 días.
«Las medidas que tomamos fueron producto de estas últimas semanas. Nosotros específicamente reforzamos los controles que ya venían haciendo las fuerzas federales en las provincias y lo que hicimos fue hacer un informe: vimos que, a nivel país, el 45% de la gente que había llegado de afuera, cuando le tocamos el timbre para ver si estaba aislada, no estaba», señaló Florencia Carignano, titular de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM).
«No nos preocupa el incumplimiento en sí mismo, por eso tendrán que responder ante un juez, el problema es que pase lo que pasó en Israel: una familia no cumplió el aislamiento, mandaron a los hijos al colegio, fueron a trabajar, contagiaron a 45 chicos y a adultos con las dos dosis de Pfizer, y generaron un brote en un país que desde abril estaba sin un solo caso», aseguró la funcionaria ayer en una entrevista con radio La Red. «Ellos tienen al 70% de la población vacunada y nosotros estamos en pleno proceso de vacunación. Están llegando entre 5 y 6 millones de dosis por semana, estamos metiéndole con todo, pero algo tenemos que hacer».
En la misma línea, Carignano señaló que el nuevo cupo diario de ingreso al país de ingresos y residentes «son dos aviones llenos» y que la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) trabaja ahora contrarreloj para reorganizar los 10 o 12 vuelos que llegan por día hasta hoy.
En todos los casos, los costos estarán a cargo de los pasajeros y el Gobierno ha advertido que controlará el cumplimiento del período de aislamiento domiciliario y radicará denuncias penales en caso de verificarse incumplimientos, invocando los artículos 205 y 239 del Código Penal, «por violación a medidas contra epidemias y desobediencia a autoridad pública», que contemplan penas de prisión de 6 meses a 2 años y de 15 días a 1 año, respectivamente.
