El Ejecutivo ratificó su decisión a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial. La reestructuración había generado masivas protestas de trabajadores en todo el país
El Gobierno avanzó con la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad, la eliminación de la Agencia de Seguridad Vial y la concesión de 9.120 kilómetros de rutas. Tras el anuncio en Casa Rosada, este martes se confirmó la medida, a través del Decreto 461/2025 publicado en el Boletín Oficial.
La norma lleva la firma del presidente Javier Milei y los ministros Luis Caputo (Economía), Guillermo Francos (Jefe de Gabinete) y Patricia Bullrich (Seguridad). Allí se precisan los alcances y detalles de la disolución del organismo encargado del control de las rutas y caminos del país.
Este instrumento legal dispuso la disolución total de tres entidades fundamentales: la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).
Además de las disoluciones, el decreto inició un proceso de reorganización profundo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y de la Junta de Seguridad en el Transporte.
Las medidas se oficializaron tras una jornada de masivas protestas de los trabajadores de estas dependencias descentralizadas, quienes expresaron su rechazo en diversas provincias.
Nueva arquitectura del control vial y del transporte
Uno de los pilares de esta reforma estatal es la transformación de la CNRT, que a partir de ahora pasará a denominarse «Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte».
El nuevo organismo estará bajo la órbita del Ministerio de Economía y se erigirá como la Autoridad de Aplicación de las concesiones viales.
Su misión principal será concentrar funciones que requieren de autonomía funcional y operativa, acumulando facultades de los organismos disueltos.
La Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte asumirá unas 15 funciones principales.
Entre las más destacadas se encuentran la fiscalización de los contratos de concesión viales, ferroviarios y del transporte terrestre de jurisdicción nacional.
También tendrá la potestad de aplicar sanciones ante incumplimientos de las normas legales, velar por la protección de los derechos de los usuarios de los servicios públicos de transporte nacional, conducir o encomendar investigaciones técnicas, y percibir y fiscalizar el cobro de tasas, derechos y aranceles por control o fiscalización en el marco de sus competencias.
En paralelo, el mismo decreto dictó la reorganización de la Junta de Seguridad en el Transporte. Esta entidad reducirá considerablemente su alcance y gasto, y pasará a llamarse «Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación».
Su ámbito de actuación quedará limitado al transporte aéreo civil, con el fin de cumplir con los estándares técnicos y normativos establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
Respecto a las razones detrás de estas medidas, según se indica en un comunicado oficial, responden a una «necesidad de mejorar el funcionamiento del Estado».
El Gobierno argumenta que busca realizar una gestión más eficiente, ágil y transparente, reduciendo costos operativos, eliminando duplicidades y concentrando funciones estratégicas bajo un esquema profesionalizado y controlado.
El texto oficial es contundente al afirmar que con la disolución de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la ANSV y la DNV, se «eliminan cajas de la política y estructuras administrativas» que incrementaron sus gastos para sostener personal y tareas consideradas hoy «innecesarias».
Este carácter «innecesario», según el Ejecutivo, se debe a los avances tecnológicos y a las medidas impulsadas a través de la desregulación del transporte.
La medida ha sido tomada en la antesala del vencimiento de las facultades delegadas por el Congreso Nacional para aplicar la Ley Bases, un plazo que se cumple este miércoles 9 de julio. Este contexto temporal subraya la celeridad y la prioridad que el Gobierno ha otorgado a las reformas en el ámbito de la vialidad y el transporte.
