La Cámara de Acusación de la ciudad de Córdoba ratificó la elevación a juicio por el homicidio de Blas Correas y el posterior encubrimiento que trató de llevar a cabo un grupo de policías.
En total, 13 uniformados, entre ellos varios de alta jerarquía, deberán sentarse en el banquillo de los acusados. Aún resta confirmar qué Tribunal será el encargado del juicio y si el proceso comenzará este año o directamente en 2023.
Blas de 17 años fue asesinado la madrugada del 6 de agosto de 2020 en el interior del Fiat Argo en el que viajaba junto a cuatro amigos adolescentes, al recibir un disparo de arma reglamentaria policial en la avenida Vélez Sarsfield, frente al complejo Pablo Pizzurno, en el sur de la ciudad de Córdoba.
Los autores de los disparos fueron los cabos primero Javier Catriel Alarcón (32) y Lucas Damián Gómez (36), quienes están acusados como coautores de «homicidio agravado por el uso de arma de fuego y calificado por haber sido cometido en abuso de su función por un miembro de las fuerzas policiales» por el asesinato de Blas. Alarcón y Gómez continúan presos.
Entre los imputados, también aparecen el subcomisario Sergio Alejandro González (preso), Wanda Micaela Esquivel (prisión domiciliaria) y Yamila Florencia Martínez (prisión domiciliaria), quienes soportan la acusación de autores de los delitos de encubrimiento agravado y omisión de deberes de funcionario público.
Pero hay más acusados, según un informe de Cadena 3, también se encuentran el comisario inspector Walter Soria, el comisario inspector Jorge Ariel Galleguillo y el subcomisario Enzo Gustavo Quiroga, quienes están presos por encubrimiento agravado y omisión de deberes de funcionario público.
Y la lista continúa. El comisario inspector José Antonio Gatica debe responder por encubrimiento agravado. También están imputados de falso testimonio y encubrimiento agravado el cabo Leonardo Alejandro Martínez, el cabo Leandro Alexis Quevedo, el oficial ayudante Ezequiel Agustín Vélez y el agente Rodrigo Emanuel Toloza.
Además, en otra causa paralela, tres empleados de la Clínica Aconcagua también fueron enviados a juicio por no haber asistido a Blas aquella madrugada trágica.
