El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmado el viernes a la noche por el presidente Alberto Fernández establece un marco legal para el desarrollo del Plan Nacional de Vacunación destinado a «generar inmunidad adquirida contra la covid-19, con inclusión de la protección de los niños y adolescentes».
La normativa simplifica «la negociación con los laboratorios y establece modificaciones a la ley 27.573» que regula la adquisición de fármacos contra el coronavirus, al crear un Fondo de Reparación Covid-19 para «responder al pago de indemnizaciones ante la eventualidad de que una persona pueda ser dañada por la aplicación de una vacuna».
Entre las variantes que incluirá la nueva normativa, se adelantó que «se suprime la negligencia como supuesto de responsabilidad para quienes tienen a su cargo la investigación, el desarrollo, la producción o el suministro de vacunas, teniendo en cuenta que en los contratos a firmar se establecerá el modo en que el Estado recibe conforme o no las vacunas que se adquieren».
Además, respecto a la referencia a «maniobras fraudulentas, conductas maliciosas» en la ley se reemplaza por «conductas dolosas», un concepto más claro y que es el que utiliza el Código Civil y Comercial.
En materia de inmunidad de los bienes del Estado, se eximirá de esa condición «a las regalías que percibe el Estado nacional y todos los bienes soberanos establecidos en la Ley de Restauración de Sostenibilidad de la Deuda deben permanecer soberanos».
Sobre el fondo de reparación
El Fondo de Reparación «se armó porque si alguna persona sufre un daño y pide una reparación tiene que existir tranquilidad de que ese fondo es el que lo cubre y si no, lo hará el Estado», aclararon desde el Ejecutivo.
«Con el objetivo de conseguir la mayor cantidad de vacunas lo antes posible, la nueva norma abre tres posibilidades para recibir dosis: los convenios con laboratorios, el mecanismo Covax y las oportunidades de donaciones de diferentes Estados, fundamentalmente de Estados Unidos», precisaron los voceros oficiales.
