El máximo tribunal designó a dos conjueces y redujo los plazos procesales, con la intención de avanzar con una definición en el corto plazo
La Corte Suprema aceleró los tiempos para dictar cuanto antes un nuevo fallo sobre la ley de Tierras; para eso, abrevió los plazos legales en el caso que ahora tiene a estudio y, en 24 horas, podría quedar en condiciones de dar a conocer una definición.
El expediente que tiene para resolver el máximo tribunal incluye un pedido de medida cautelar; si la concede, pondría nuevamente en vigencia restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros.
En la práctica, podría revertir los efectos que tuvo su propio fallo del martes de la semana pasada. Ese día, invocando un motivo procesal, revocó una sentencia que había declarado inconstitucional el artículo 154 del decreto 70/2023, de Javier Milei, que derogó entera la ley de tierras.
El fallo de la Corte, originó muchas críticas y una amenaza de la oposición con hacer caer en el Congreso todo el DNU 70/2023 -y no solo el artículo 154-. La oposición busca tratar el tema en una sesión especial el jueves de la semana próxima.
En medio de los cuestionamientos, la Corte decidió que volverá sobre el tema. Resolvió que va a tratar un planteo vinculado con su fallo anterior: una «aclaratoria» solicitada por una asociación ambientalista, dos comunidades indígenas y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda, que defienden la ley de Tierras y quieren que les precisen si la sentencia dictada por el máximo tribunal alcanza también al amparo colectivo presentado por ellos o no.
A diferencia de la semana pasada, los tres jueces de la Corte ahora no están de acuerdo en cómo seguir y, como sin tres votos no hay fallo posible, este martes convocaron a dos conjueces. Todo indica que Carlos Rosenkrantz no está dispuesto a tomar una decisión que vuelva a cambiar el panorama. En la vereda de enfrente están Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, según fuentes que conocen los movimientos internos del tribunal.
Los conjueces que se sumarán para este caso son los camaristas Diego Barroetaveña (de Casación) y Juan Ignacio Pérez Curci (de la Cámara Federal de Mendoza). Fueron sorteados ayer y las reglas del proceso indican que las partes tienen 72 horas para recusarlos. Sin embargo, la Corte acortó ese plazo.
Finalmente, si se accede a contestar la «aclaratoria» y decide que este amparo colectivo debe recibir tratamiento por separado del caso de la semana pasada, la Corte, con sus tres titulares y sus dos conjueces, debe determinar qué trámite le da al expediente. Una opción es devolverlo a la justicia federal de La Plata o de Bariloche, donde se inició.
La otra opción sería que la propia Corte tratara ella -sin enviar el caso a primera instancia- la medida cautelar. Sería una decisión muy excepcional, advirtieron a diario La Nación constitucionalistas con mucha experiencia en la Corte. Posiblemente, una medida «interina», en los términos de la ley que regula las cautelares contra el Estado.
Con los conjueces ya designados y plazos abreviados, el tribunal se encamina a uno de los fallos más relevantes del año en materia de recursos naturales y propiedad de la tierra en la Argentina.
