Luego de una larga sesión en la Cámara de Senadores, quedó aprobada la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, junto al Paquete Fiscal. Ahora solo resta el último visto bueno de Diputados, para que entre en vigencia
Tras un tiempo de intensas tratativas por los megaproyectos de Ley Bases y paquete fiscal; la Casa Rosada cedió parte del contenido de los textos originales, otra fracción fue modificada durante el debate en la Cámara de Diputados y se logró la aprobación. Nuevas correcciones se realizaron en la Cámara Alta, junto a una serie de desempates en la votación en general y en algunos títulos particulares, por parte de Victoria Villarruel.
En lo que respecta a la Ley Bases, el primer título declara la emergencia pública por un año en materia administrativa, económica, financiera y energética, lo que significa una asignación de facultades especiales al Poder Ejecutivo en dichas áreas. Este segmento no sufrió modificaciones durante la sesión en Senadores, pero si tuvo recortes cuando fue tratada en la Cámara de Diputados, ya que el proyecto anunciaba 11 emergencias, de las que quedaron solo cuatro.
Por el lado de las privatizaciones, aún luego de que el Gobierno se negara a quitar algunas empresas estatales de la megaley, muchos gobernadores patagónicos solicitaban exceptuar a Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino, Radio y Televisión Argentina (RTA). Finalmente, el oficialismo aceptó la exclusión de Aerolíneas Argentinas, para salvar el resto del paquete ante un eventual rechazo.
La Desregulación del Estado también fue aprobada, pero se limitó la facultad del Poder Ejecutivo de intervenir en organismos públicos y se prohibió la disolución de 15 entes e institutos. Entre ellos se encuentra el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), entre muchos más.
Por el lado del Empleo Público, se consiguió que las personas que se encuentren de licencia por enfermedad, accidente, embarazo o matrimonio; no podrán ser puestos en situación de disponibilidad hasta que venza la licencia. En tanto que, en el título de la Modernización Laboral, se quitó el artículo que hubiera requerido un consentimiento previo de los trabajadores no afiliados a gremios, al momento de cobrarse cuotas solidarias. Además, dentro de la Justa Causa de Despido, se agregó la «participación activa en bloqueos o tomas de establecimientos», como una grave injuria laboral y objetiva causa de extinción del contrato.
Otro de los títulos que fue el centro de diferentes polémicas y que sufrió distintas modificaciones es el del Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI). Durante la sesión se reformuló el artículo 163 que declara «nulo de nulidad absoluta» toda norma provincial que se oponga al régimen, de manera que aplique solo a aquellas jurisdicciones que decidan adherir al RIGI. Se incluyó un inciso que prevé el fomento del desarrollo de las cadenas de producción locales asociadas al régimen. En suma, se limitó el margen de acción de proveedores de bienes o servicios con mercadería importada; se incorporaron incisos para garantizar la contratación de personas y proveedores locales; y se eliminó la posibilidad de que los dividendos y utilidades de las compañías puedan ser giradas al exterior luego de transcurridos tres años.
Principales puntos del Paquete Fiscal
El paquete fiscal fue debatido y aprobado durante la madrugada, una vez culminada la etapa de tratamiento de la Ley Bases. En lo que se relaciona al Blanqueo de dinero o cuentas, se definió que las criptomonedas no formen parte de los bienes que pueden ser regularizados. Además, respecto del dinero que sea regularizado y depositado a Cuenta Especial de Regularización de Activos, se agregó la posibilidad de que el Poder Ejecutivo promueva la Inversión productiva de pequeñas y medianas empresas en las Provincias de menor grado de desarrollo relativo, o fomentar el crédito de las mismas.
La redacción original del paquete mencionaba que los únicos funcionarios públicos que podrían exceptuarse del blanqueo, eran aquellos que hubieran cumplido sus tareas durante los últimos cinco años. Esta cláusula quedó modificada y se aplicará solo para los funcionarios de los últimos diez años. Se excluyó del régimen a los hermanos de los funcionarios y se sumaron a los cónyuges, convivientes, padres e hijos.
Se incorporó la prohibición de inscribirse a blanqueos futuros hasta el 31 de diciembre del 2038 y se agregó un nuevo artículo para aumentar un 20% la alícuota del impuesto a los Bienes Personales, para quienes se inscriban al blanqueo. Con dicha modificación, la tasa pasaría del 0.5% al 0,6%.
Luego de tratarse lo relacionado al Impuesto a las Ganancias, el apartado fue rechazado. Se aguarda la decisión de la Cámara de Diputados, ya que podría tratar la versión original del mismo. También se debatió sobre el Monotributo Social, se definió un esquema diferente al actual y quienes se adhieran abonarán un monto mínimo en carácter de jubilación y la obra social será optativa.
En lo que concierne a la Ley Minera, se busca modificar el artículo 22 de la ley 24.196, sobre inversiones mineras. De esta manera, se intentará incrementar del 3% al 5% el tope de regalías percibidas por las provincias sobre el valor «boca mina» del mineral extraído.
