El proyecto del gobernador Martín Llaryora se aprobó finalmente anoche en la Legislatura de Córdoba, con votos del oficialismo y de algunos legisladores «aliados» de los monobloques
La Legislatura de Córdoba aprobó ayer, durante una extensa sesión, el proyecto del Ejecutivo provincial que establece una nueva ley de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana, enviado hace pocos días por el gobernador Martín Llaryora.
La iniciativa fue aprobada por 36 votos a favor y rechazada por gran parte de la oposición.
Las medidas se centran en la creación de más fiscalías, el fortalecimiento del sistema de monitoreo a través de cámaras de seguridad, entre otras. En concreto, en lo que al Poder Judicial se refiere, la norma incluye la creación de seis fiscalías antinarcotráfico que funcionarán en las ciudades de Villa Dolores, Bell Ville, Marcos Juárez, Carlos Paz, Cruz del Eje y Córdoba.
En cambio, para la ciudad de Córdoba está previsto que se sumen 12 fiscalías criminales que permitirán profundizar el plan de territorialidad del Ministerio Público Fiscal.
En el transcurso de la implementación de los cambios se incorporaron 116 nuevos sumariantes y cuatro ayudantes de fiscal para reforzar la atención, en especial durante los fines de semana.
También se estableció la creación del Instituto de Planificación y Formación para la Seguridad y Convivencia, que deberá «proponer programas de capacitación de los integrantes de las fuerzas provinciales de seguridad, de las Guardias Locales de Prevención y Convivencia y de las empresas prestadoras de servicios de seguridad privada».
Los municipios y comunas que adhieran a la nueva ley, podrán contar también con los nuevos «guardias», cuyo objetivo será «contribuir en la prevención de violencias, contravenciones y delitos como auxiliares de la Policía de la provincia de Córdoba».
Por otra parte, la ley aprobada obliga a los funcionarios públicos y sus asesores a que anualmente presenten un certificado negativo de consumo de drogas. El mismo deberá ser expedido por una institución médica que acredite la realización de exámenes de presencia de metabolitos de estupefacientes.
