El incendio que afectó las oficinas de Apross en abril continúa siendo objeto de investigaciones, al mismo tiempo que avanzan las causas por presuntas estafas millonarias contra la institución
Los primeros peritajes realizados por Bomberos y corroborados por la Fiscalía descartaron que el incendio ocurrido el 18 de abril en la sede de la Administración Provincial del Seguro de Salud (APROSS) haya sido intencional, aunque la causa permanece abierta en busca de mayor precisión sobre su origen.
Según informó el apoderado de APROSS, Justiniano Martínez, «A los diez días o menos del incendio, Bomberos realizó un informe que descartó la intencionalidad, determinando que el fuego se originó por un problema eléctrico en un plafón de luces LED».
Ese primer peritaje fue corroborado por otro realizado por la Fiscalía, y actualmente se lleva a cabo un tercer peritaje para evaluar la calidad de los materiales de los plafones y determinar posibles responsabilidades civiles o económicas del fabricante o proveedor.
¿Se perdieron pruebas en la causa de estafas?
El siniestro ocurrió en un momento sensible, ya que la Justicia investiga maniobras de facturación irregular y desvío de fondos en APROSS. En ese contexto, surgieron versiones sobre una posible destrucción de documentación clave.
Martínez desmintió esas sospechas: «Se dijo desde el principio que los elementos de la investigación estaban preservados. La fiscalía ratificó que no hay constancia de pérdida o afectación de pruebas».
Según la Fiscalía, los documentos vinculados al caso se encontraban en la planta baja, además de estar digitalizados y bajo resguardo judicial.
Investigación en curso
La fiscal María Celeste Blasco sigue adelante con la causa, que incluye peritajes complementarios sobre la calidad de los plafones instalados, posibles responsabilidades del proveedor y medidas para descartar cualquier otra hipótesis técnica. También se evalúan testimonios y registros fílmicos.
Repercusiones políticas
Pese a los informes oficiales, la oposición provincial cuestionó la investigación y pidió que la causa pase a la Justicia Federal. Algunos dirigentes opositores señalaron que el incendio se produjo «en un momento clave» de las investigaciones por estafas y reclamaron mayor independencia en los peritajes, ya que Bomberos depende de la Policía de Córdoba.
Incluso, se propuso la creación de una comisión investigadora legislativa para determinar responsabilidades políticas y garantizar transparencia en el proceso.
Mientras la Justicia avanza en las pericias y define si hubo negligencia empresarial o estatal en la instalación eléctrica, el caso mantiene tensión en el ámbito político. Para el oficialismo, se trató de un desperfecto aislado sin consecuencias judiciales; para la oposición, un episodio que aún genera dudas y merece mayor escrutinio.
