El presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, mantuvieron una reunión ayer en la Casa Rosada, que tuvo como marco las renovadas exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI), dirigidas a bajar el déficit y conseguir reforzar las reservas internacionales.
En el encuentro, del que trascendieron escasos detalles, sí se acordó dar de baja la controvertida ley de alquileres, que fija nuevas reglas como tres años de contrato y ajuste por inflación y variación salarial, en un contexto inflacionario que generó por igual quejas de inquilinos y propietarios.
Ante la retracción de la oferta en el mercado y el cambio de muchos inmuebles hacia los alquileres turísticos y temporarios, fuentes oficiales confirmaron que tanto Massa como Fernández estudian alternativas para reemplazar esta medida que se votó en el año 2020.
Desde su entrada en vigencia, el 1° de julio de 2020, la norma originó fuertes críticas del sector inmobiliario y los propietarios, quienes sostienen que generó incertidumbre e inseguridad jurídica en el mercado, lo que se trasladó al precio de la renta.
Las dos críticas más fuertes se centran en la ampliación del plazo de los contratos que se extendieron de dos a tres años, y en la actualización una vez al año en base al índice que establece el Banco Central -que cruza salarios e inflación-. Antes, lo acordaba el inquilino y el propietario en base a la inflación y solía actualizarse dos veces al año.
Se esperan resoluciones sobre cómo serán los nuevos contratos a partir de que se confirme por un Decreto la baja de la Ley de Alquileres.
