El proyecto de ley ómnibus de «Solidaridad Social y Reactivación Productiva», que alcanzó media sanción en la Cámara de Diputados, estipuló una serie de reformas en materia impositiva, entre ellas el impuesto del 30% al dólar turista y ahorro que fue una de las que más dudas despertó durante los últimos días.
La normativa establece un impuesto a la compra de dólares del 30 por ciento para la compra de dólares para atesoramiento (con el límite de 200 dólares mensuales ya fijado) y también para los gastos con tarjetas de crédito en el exterior, por el período de cinco años.
Ya se había precisado que el impuesto, denominado para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS), no alcanzará aquellas compras de dólares o gastos en divisa extranjera efectuadas antes de la entrada en vigencia de la ley. Pero todavía quedan algunos puntos para terminar de despejar con respecto a su alcance.
Lo primero que circuló es que influiría en la “compra de billetes y divisas en moneda extranjera-incluidos cheques de viaje” y también la adquisición de servicios de transporte terrestre, aéreo y por vía acuática “de pasajeros con destino fuera del país”, lo que hacía suponer que también estarían alcanzados los pasajes de Aerolíneas Argentinas. Eso quedó en duda tras la sesión en Diputados.
“En la votación se exceptuó del nuevo impuesto de 30% al transporte internacional (aéreo, terrestre y por vía acuática) abonado en pesos y que no tenga impacto cambiario. Gran noticia para Aerolíneas Argentinas y sus clientes que tendrán una ventaja impositiva enorme. Algo es algo”, tuiteó el diputado nacional Luciano Laspina.
De ser así, entonces, los tickets adquiridos a la aerolínea nacional no estarían alcanzados por el impuesto. De todos modos, algunos aspectos de la medida serían aclarados de forma definitiva en su reglamentación.
Por ejemplo, según se debatió, tampoco estarán alcanzadas las operaciones para viajes a ciudades cercanas en países limítrofes, a las que muchos trabajadores deben trasladarse todos los días para trabajar y cuya compra se realiza en pesos y sin que sean necesarias transacciones cambiarias.
La ley establece once delegaciones de facultades al Poder Ejecutivo, reasigna partidas para incentivar el consumo y el gasto social, suspende la movilidad jubilatoria por 180 días y modifica el esquema de derechos de exportación.
En la misma se declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, y se delegan facultades del Congreso al Poder Ejecutivo para hacer cambios en todas esas áreas.
