Cada 17 de mayo se conmemora el Día Internacional contra la Discriminación por Orientación Sexual, Identidad de Género y su expresión, desde que en 1990 la Organización Mundial de la Salud eliminó a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales.
Según el último informe de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA), «a pesar de los avances considerables en la protección legal de las personas lesbianas, gays y bisexuales, 69 Estados miembros de la ONU continúan penalizando los actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo».
En el documento publicado en diciembre de 2020, ILGA Mundo informa que además han podido verificar que «al menos 34 Estados miembros de la ONU han implementado activamente las leyes de criminalización durante los últimos cinco años, pero el número posiblemente sea mucho mayor».
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De los 193 Estados miembros de la ONU, 69 todavía criminalizan los actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo. Además, están tipificados como delito en un territorio no independiente (Islas Cook, Nueva Zelanda) y en determinadas jurisdicciones dentro de dos Estados miembros de la ONU (Gaza en Palestina y determinadas provincias en Indonesia).
En Brunei, Irán, Mauritania, Nigeria -solo 12 estados del norte-, Arabia Saudita y Yemen, la pena de muerte es el castigo legalmente prescrito para los actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo.
Por otra parte, en Afganistán, Pakistán, Qatar, Somalia (incluida Somalilandia) y los Emiratos Árabes Unidos la pena de muerte podría imponerse potencialmente por actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo (pero en el informe destacan que hay menos certeza jurídica sobre la situación).
Además, del documento se desprende que «al menos 42 Estados miembros de la ONU tienen barreras legales a la libertad de expresión en cuestiones de orientación sexual e identidad de género».
Por último, destacan que 51 Estados miembros de la ONU tienen barreras legales para la formación, establecimiento o registro de ONG que trabajan en temas relacionados con la diversidad sexual y de género.
Pese a las cifras preocupantes sobre la falta de políticas públicas y leyes que respeten los derechos humanos, se han producido avances: «En julio de 2020, Sudán derogó la pena de muerte para los actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo».
A su vez, Alemania se ha convertido en uno de los 4 Estados miembros de la ONU que prohibieron las mal llamadas ‘terapias de conversión’ a nivel nacional, y más jurisdicciones en Australia, Canadá, México y Estados Unidos siguieron su ejemplo.
Con respecto al matrimonio igualitario, el documento señala que es una realidad en 28 Estados miembros de la ONU. Costa Rica fue el último en unirse a la lista, convirtiéndose en el primer país de Centroamérica en hacerlo.
En relación con la discriminación laboral, a diciembre de 2020, 81 Estados miembros de la ONU tienen leyes que protegen a los trabajadores de ataques por motivos de orientación sexual. Hace 20 años, solo 15 países tenían.
