La Justicia provincial allanó la sede del Tribunal de Cuentas para requerir el expediente de la licitación de drones para la Policía
Este miércoles, la Justicia Provincial de Córdoba ordenó un allanamiento en el marco de la causa que investiga la licitación para la compra de drones destinados a la Policía. El procedimiento se dirigió a acceder al expediente administrativo de una operación valuada en 6,8 millones de dólares, que quedó envuelta en un fuerte conflicto político e institucional.
El operativo se dio tras la denuncia penal presentada por el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros. En ese marco, cuatro efectivos policiales se presentaron en la sede del organismo para requerir la documentación relacionada con la compra del sistema de vehículos aéreos no tripulados.
Por su parte, el presidente del Tribunal de Cuentas, Beltrán Corvalán, cuestionó en duros términos el procedimiento y aseguró que el Gobierno provincial busca «amedrentar» al organismo de control. «Tengo determinadas inmunidades y solo un juez me puede pedir este tipo de documentación», sostuvo públicamente, y remarcó que el expediente ya no se encuentra físicamente en el Tribunal sino en el Ministerio de Seguridad.
La denuncia del Ejecutivo
La causa se originó a partir de una denuncia penal presentada por el Ministerio de Seguridad contra el presidente del Tribunal de Cuentas, Beltrán Corvalán, y la vocal María Fernanda Leiva, por presunto abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Según la presentación, los tribunos habrían excedido sus facultades legales al cuestionar no solo la legalidad, sino también la conveniencia y el mérito de la política pública impulsada por el Ejecutivo, atribuciones que -de acuerdo con el planteo oficial- son exclusivas del Poder Ejecutivo.
El Ministerio de Seguridad sostuvo que el accionar del Tribunal obstaculizó una política pública de emergencia vinculada a la seguridad ciudadana y desconoció normativas técnicas aeronáuticas vigentes.
