El oficialismo retiró el capítulo sobre la compra de tierras por extranjeros. De todas maneras, la iniciativa mantiene una reforma de 48 artículos que comprende cambios en desalojos, Ley de Manejo del Fuego y expropiaciones
El Senado de la Nación se prepara para iniciar este jueves el debate para la aprobación de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero lo hará sin incluir un capítulo que era de los más importantes para el sector agropecuario.
Se trata de la modificación de la Ley de Tierras Rurales, para permitir mayor participación de extranjeros en la compra de campos en nuestro país.
Actualmente, la ley vigente establece un límite máximo del 15% de tierras argentinas que pueden estar en manos de extranjeros, y La Libertad Avanza primero buscó eliminar es límite, y luego, al encontrar rechazo, aumentarlo al 25%, pero también esta otra opción fue cuestionada.
Incluso se habían previsto marchas para este jueves por este tema, por lo que el Gobierno finalmente decidió desistir, ya que muchos aliados -como parte del radicalismo- habían adelantado que no iban a acompañar esa parte del proyecto, por lo que corría riesgo de no tratarse, fracasando una vez más.
En este marco, minutos antes de que se conociera esta novedad, Federación Agraria Argentina (FAA) había vuelto a expresar su rechazo a esta iniciativa en la Casa Rosada.
Cómo quedó el proyecto
Luego de la decisión de eliminar el polémico capítulo, el proyecto que se votará hoy en el Senado incluirá, no obstante, temas muy sensibles.
Desalojos exprés, expropiaciones y uso de tierras incendiadas son los puntos principales de lo que quedó de la iniciativa.
En primer lugar, el proyecto busca que los juicios de desalojo sean más rápidos, al tramitarse por el procedimiento sumarísimo. Permite iniciar desalojos contra inquilinos, subinquilinos, ocupantes precarios, intrusos, y cualquier ocupante que deba devolver el inmueble. Incluye a quienes entraron legalmente pero incumplieron el contrato o dejaron de pagar.
En cuanto a la Ley de Manejo del Fuego, el proyecto mantiene la prohibición de cambiar el uso o destino de un bosque nativo incendiado, respetando la categoría de conservación que tenía antes del incendio. Pero deroga el artículo 22 quater de la ley que fue impulsada por el diputado Máximo Kirchner.
Este artículo actualmente impide, durante 30 años, el cambio de uso de la tierra quemada por un incendio, ya sea provocado o accidental. En zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y áreas donde las estructuras edilicias se entremezclan con la vegetación fuera del ambiente urbano.
En concreto, hoy se prohíbe por ese período la realización de emprendimientos inmobiliarios, cualquier actividad agropecuaria que sea distinta al uso y destino que la superficie tenía previo al momento del incendio; y la modificación de uso en una superficie con fin de desarrollar prácticas agropecuarias intensivas.
El Gobierno también busca limitar las expropiaciones. El texto establece que la utilidad pública que justifica una expropiación debe interpretarse de manera «restrictiva», identificar concretamente el objetivo perseguido, y demostrar que la expropiación es necesaria y proporcional.
