El alerta se registró este sábado por la noche y activó un importante despliegue de fuerzas federales y provinciales en la residencia presidencial
Bomberos, ambulancias y efectivos de distintas fuerzas de seguridad desplegaron un amplio operativo en la residencia presidencial tras un llamado al 911 que alertó sobre la supuesta presencia de un artefacto explosivo. La amenaza resultó ser falsa.
Un importante operativo de seguridad se desplegó este sábado en la Quinta Presidencial de Olivos luego de que un llamado al 911 alertara sobre la presunta colocación de un artefacto explosivo dentro del predio donde reside el presidente de la Nación.
La denuncia activó la inmediata intervención de la Brigada Antiexplosivos de la Policía Federal Argentina, además de la presencia de bomberos, ambulancias y personal de distintas fuerzas de seguridad, que trabajaron bajo el protocolo previsto para este tipo de situaciones.
El procedimiento incluyó la inspección del interior y del perímetro de la residencia presidencial, mientras que por prevención se restringieron temporalmente los ingresos y egresos al predio y se realizaron cortes de tránsito en las inmediaciones de las avenidas Maipú y Villate, en el partido de Vicente López.
Según informaron fuentes oficiales, la amenaza fue recibida por la Policía Bonaerense a través de una llamada al 911 realizada por una mujer, quien aseguró haber dejado un explosivo en la Quinta de Olivos. A raíz de la denuncia también intervino personal especializado en Delitos Constitucionales.
Luego de una exhaustiva revisión del lugar, los equipos especializados descartaron la presencia de cualquier artefacto explosivo y confirmaron que la amenaza de bomba era falsa. Concluidas las tareas de inspección, el operativo fue desactivado y el tránsito en la zona comenzó a recuperar su ritmo habitual.
La causa quedó bajo la órbita de la Justicia Federal, que inició las actuaciones para identificar a la persona que realizó el llamado. Si se logra establecer su responsabilidad, podría enfrentar una imputación por intimidación pública, un delito que contempla penas de prisión.
