En respuesta al fallo de la Corte Suprema, varios gremios como ATE, las dos CTA y CATT anunciaron paros y movilizaciones en rechazo a lo que califican como un proceso de proscripción judicial
La decisión de la Corte Suprema de Justicia de confirmar la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la causa Vialidad generó una inmediata reacción en distintos sectores del sindicalismo argentino.
Varias organizaciones gremiales anunciaron medidas de fuerza, entre paros y movilizaciones, como respuesta a lo que consideran una maniobra de persecución judicial.
Uno de los primeros en pronunciarse fue ATE Capital, que declaró un paro y movilización en rechazo al fallo. «El pueblo organizado no va a permitir este grave atropello», sostuvo el gremio a través de un comunicado en el que también afirmaron: «Paramos y movilizamos, defender a Cristina es defender la democracia».
En paralelo, las dos ramas de la Central de Trabajadores de la Argentina (la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores) difundieron un pronunciamiento conjunto titulado «Contra la proscripción de Cristina, en defensa de la democracia». El documento, firmado por Hugo Yasky y Hugo «Cachorro» Godoy, rechazó de manera tajante el fallo judicial y denunció la existencia de un «operativo» orquestado desde la cúpula de la Corte, a la que acusaron de actuar como «brazo ejecutor de los poderes fácticos».
«El veredicto estaba escrito desde antes de que comenzara el juicio», afirmaron los dirigentes. En su visión, la sentencia del máximo tribunal representa una «vendetta política» contra los avances populares logrados durante los gobiernos kirchneristas. Ambos sectores de la CTA remarcaron su «disposición a resistir la proscripción», evocando luchas históricas del movimiento obrero contra regímenes autoritarios.
Por su parte, la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), encabezada por Juan Carlos Schmid, también expresó su repudio. En un comunicado, calificaron el fallo como un nuevo episodio de «persecución política» y advirtieron sobre el uso creciente del Poder Judicial como «herramienta para condicionar procesos electorales y restringir la voluntad popular».
El anuncio de estas acciones gremiales se dio en un clima de creciente tensión política y sindical. Mientras desde sectores del oficialismo se llamaba a «respetar las instituciones», numerosos referentes del peronismo y del movimiento obrero se organizaban para desplegar un plan de lucha que incluía concentraciones, cortes de ruta y otras medidas de protesta en las horas siguientes.
