Legisladores del Frente Cívico denunciaron al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, por defraudación a la administración pública en el marco de la licitación de 400 vehículos cuyo monto ascendía los 15.000 millones de pesos
Legisladores del Frente Cívico presentaron en las últimas horas una denuncia en contra del ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, a quien acusan de haber cometido el delito de defraudación pública, afirmando que ordenó la compra de vehículos con sobreprecios de un 70 por ciento.
Se trata de automóviles Renault Sandero y Peugeot 208 destinados al programa Seguridad Ciudadana. En el caso del Sandero, el precio en el mercado es de aproximadamente 23 millones de pesos, pero habrían sido adquiridos por 37 millones. En el caso del Peugeot, su valor ronda los 22 millones y se habría acordado su compra por 38 millones de pesos.
El Frente Cívico, espacio político que Quinteros integró durante varios años, realizó la denuncia ante Tribunales I. Al respecto, el legislador Walter Nostrala, expresó a Canal C, que les pareció «una locura 15 millones por encima del valor del mercado» y, que al enterarse de la situación, hicieron la denuncia junto al legislador Gregorio Hernández Maqueda.
El funcionario también aclaró que no se está denunciando al concesionario privado que habría vendido los vehículos a un precio superior, sino directamente al Estado de Córdoba a través del Ministerio de Seguridad. «No creemos que hubo un ardid». «Seguridad licitó y adjudicó a estos valores. Nosotros somos oposición y apuntamos a controlar», detalló acerca del accionar del Tribunal de Cuentas, hoy a cargo de la oposición.
Qué respuesta dio Quinteros ante la denuncia
El ministro Quinteros realizó una conferencia en la Casa de Gobierno para responder a la acusación y negó todo tipo de implicancias del Estado provincial en una compra fraudulenta. En efecto, afirmó que el proceso se inició en el mes de febrero con una proyección inflacionaria trimestral al 50% a mitad de año, y aseguró que «con la volatilidad económica» del país, la Provincia tomó recaudos para no pagar de más.
En la misma línea, Quinteros acusó a los legisladores de «estar esperando alguna cuestión para hacer una denuncia», y sostuvo que la presentación se hizo a partir de información que su gestión había aportado.
«Se hizo una copia certificada del expediente porque lo advertimos nosotros. Nosotros mismos advertimos que el precio estaba desfasado», reconoció.
Asimismo, defendió el proceso de licitación: «El proceso que se hizo es absolutamente transparente. La subasta electrónica no permite que no haya transparencia, cualquier proveedor la puede ir siguiendo online».
Según Quinteros, cuando detectaron que el precio de los autos había bajado decidieron dar de baja el proceso de compra.
Explicó que la subasta fue desactivada el 14 de mayo e insistió que la denuncia de los legisladores juecistas fue posterior.
Quinteros finalizó afirmando que todo es «una falsa denuncia» y, por ende, «un delito» que evaluará llevar a la Justicia: «Yo puedo dejar que se cuestione el plan de seguridad, si vamos bien o mal, lo que no voy a dejar en manos de nadie es mi honorabilidad.
