La noche del 3 de diciembre, Córdoba quedó desamparada, se multiplicaron los saqueos y robos masivos; dejando como saldo un muerto, 200 heridos y 450 afectados
Una década atrás, Córdoba vivía una de las noches más funestas de su historia. Efectivos de seguridad dejaron de prestar servicios por un reclamo salarial del que no obtuvieron respuestas. La Policía protagonizó un acuartelamiento que derivó en miles de saqueos, cientos de heridos y un muerto.
Los reclamos empezaron en noviembre, encabezados por las esposas de los uniformados. Pedían mejores condiciones de trabajo y un aumento salarial. Sin embargo, ese mes, no obtuvieron respuestas.
Fue en diciembre cuando los uniformados decidieron adherirse a una medida de fuerza que dejó desamparados a los vecinos de la ciudad. La mayoría de las fuerzas dejaron de patrullar y por más de 30 horas, a Córdoba la invadió el descontrol.
El episodio comenzó en la madrugada, horas después de que el gobernador José Manuel De la Sota viajara a Colombia para participar de un encuentro de Intendentes y Gobernadores. No obstante, enterado de la crisis, emprendió el regreso.
Por la noche, los robos se multiplicaron por todos los puntos de la ciudad. Hubo algunas zonas más afectadas, áreas comerciales y barrios como Villa el Libertador, San Vicente y avenidas importantes como Colón y Fuerza Aérea. La falta de presencia policial permitió que grupos numerosos llevaran a cabo robos masivos.
La situación culminó al mediodía del día siguiente con un acuerdo que implicó un aumento salarial del 50% para policías acuartelados.
La única víctima fatal fue Javier Rodríguez (20), quien estaba en las inmediaciones del supermercado Buenos Días, saqueado en barrio Dean Funes. Nunca se pudo encontrar el autor del disparo, pese a que se peritaron todas las armas de los policías que estaban en la zona.
Respecto a los cabecillas de la protesta policial, 56 de ellos fueron acusados por promover el acuartelamiento. Casi todos fueron condenados a pruebas de prisión en suspenso e inhabilitación.
En tanto, el episodio le costó el puesto al entonces Jefe de la fuerza, César Almada, y a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Además, se sancionaron las leyes que confirmaron la prohibición de acuartelamientos y la sindicalización.
Por su parte, el Gobernador apuntó a la Nación por no enviar ayuda cuando hacía falta. No obstante, la Justicia Federal absolvió a la ministra de Seguridad de la Nación Cecilia Rodríguez, su viceministro Sergio Berni y al jefe de Gabinete Jorge Capitanich por su actuación en aquel momento. Según el fallo, no quedó acreditado el pedido formal de ayuda por parte de las autoridades cordobesas a pesar de que el jefe de Gabinete delasotista, Oscar González, dijo que llamó varias veces por teléfono a las autoridades para pedir auxilio.
Las protestas y los aumentos otorgados generaron un efecto dominó y casi todas las provincias vivieron situaciones similares con protestas policiales. En todo el país, la ola de saqueos dejó un saldo de 10 muertos y más de 1.800 comercios saqueados.
