La flamante presidenta de Perú, Dina Boluarte, descartó hoy el adelantamiento de las elecciones generales previstas para 2026, reclamado por algunos sectores ante la crisis institucional del país, mientras la Justicia impuso siete días de «detención preliminar» al mandatario destituido el miércoles, Pedro Castillo, y confirmó que lo investiga por rebelión y conspiración.
«La Constitución es la carta magna que debemos obedecer todos los peruanos y la elección ha sido hasta el 28 de julio de 2026», respondió Boluarte a una consulta sobre el eventual anticipo de los comicios, en una breve conferencia de prensa a las puertas del Palacio de Gobierno.
«Yo sé que hay algunas voces que indican adelanto de elecciones y eso, democráticamente, es respetable», admitió la mandataria, según la agencia de noticias Andina, el diario La República y la radio RPP.
Precisó que su misión inmediata es «un poco reorientar lo que hay que hacer con el país» y agregó que «más adelante, en coordinación con todas las organizaciones», adoptará las mejores «alternativas».
«Así como ayer, en el Congreso, pedí una tregua para poder ordenarnos todos, voy a agradecer a la prensa darme una tregua para poder ordenar y darles noticias», dijo, y remarcó que «las circunstancias en las que se ha asumido esta alta responsabilidad no han sido las óptimas».
Boluarte juró este jueves como jefa del Estado, al cabo de una jornada imprevista en la que el Congreso destituyó a Castillo poco después de que este anunciara la disolución del parlamento y el establecimiento de un gobierno excepcional que incluía la suspensión de garantías constitucionales y un toque de queda.
La nueva mandataria, apenas asumió, inició una nutrida agenda de reuniones con representantes de diversos sectores de la sociedad, avanzaba en la tarde en el diseño de su gabinete, que, por requisito constitucional, precisará el voto de confianza del Congreso.
Por otra parte, el magistrado Juan Carlos Checkley, a cargo del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, dispuso «siete días de detención preliminar» para Castillo, «investigado por el delito de rebelión y alternativamente conspiración», informó este jueves el Poder Judicial.
Checkley adoptó esa medida al cabo de una audiencia en la que escuchó al fiscal adjunto supremo Marco Huaman y al exministro Aníbal Torres, defensor de Castillo, y la resolución especifica que el plazo de detención judicial rige desde el miércoles, cuando el exmandatario fue arrestado, y hasta el martes próximo.
Mientras tanto, el exmandatario permanece en la cárcel especial que funciona en la sede de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) de la Policía Nacional, en Lima, donde cumple su condena el expresidente Alberto Fujimori.
La investigación se basa en la sospecha de que el expresidente actuó contra los poderes del Estado y el orden constitucional con su anuncio.
La Corte Suprema, el Tribunal Constitucional y el defensor del Pueblo dijeron que la decisión equivalía a un «golpe de estado» de Castillo.
Boluarte se convirtió en la sexta presidente de Perú en lo que va de los dos últimos períodos de gobierno, caracterizados por un conflicto creciente entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Precisamente, el parlamento se aprestaba a debatir y votar ayer por la tarde una moción para destituir a Castillo, pero todo indicaba que sería imposible reunir los al menos 87 votos necesarios para sacarlo del gobierno.
De hecho, si bien terminó desplazado por una holgada mayoría, fue preciso que legisladores oficialistas -16 en total- se pronunciaran a favor de la remoción, porque la oposición solo juntó 86 votos.
