La muerte de Jonathan Romo, ocurrida en la comisaría de La Falda, provocó un estallido dentro de la Policía de la Provincia de Córdoba, con jefes relevados de sus cargos, policías detenidos y denuncias cruzadas sobre la formación que reciben los uniformados antes de salir a las calles.
Cinco suboficiales y un subcomisario fueron imputados por el homicidio y también se desplazó a altos jefes, entre ellos, el titular de la Departamental Punilla Norte, el comisario Diego Bracamonte.
En las últimas horas, tanto el abogado de la familia Romo, Luis Galli, como el defensor de tres de los seis policías imputados por el caso, Pedro Despouy, coincidieron en que falló la aplicación del protocolo de uso de la fuerza y que la justicia no actuó en la debida forma para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos.
Despouy reconoció que sus defendidos protagonizaron un hecho (la violenta detención de Romo que provocó su muerte) que «no supieron resolver técnicamente conforme a las reglas que establece el protocolo (salud mental)». En diálogo con El Doce, dijo que sus defendidos desconocen el protocolo de intervención ante situaciones de riesgo cierto e inminente en salud mental. «Es uno de los cursos que debieron hacer, pero dicen que no lo conocen, no lo hicieron, ni teórico ni práctico»; aseguró el letrado.
Específicamente, se puso en tela de juicio las capacitaciones que deberían recibir los integrantes de la fuerza. A estas críticas se sumó también el ex director de Recursos Humanos de la Policía de la Provincia de Córdoba, Julio Faría, quien denunció falencias dentro la fuerza de seguridad.
«Las predicciones que tengo sobre las estadísticas de destreza policial, inclusive en el área cognitiva, es que estamos en problemas»; admitió Faría, quien aseguró que a los agentes se les toma exámenes de tiro «cada tres o cuatro años». «Lo que sucedió en La Falda es un conjunto de cosas que venía preanunciando que podía pasar en cualquier punto de la provincia y puede seguir pasando»; expresó el ex funcionario policial.
«La Policía no tiene polígono de tiro propio. Ediliciamente tiene dos, pero están inhabilitados: uno en el subsuelo de la Jefatura y otro en la Escuela de Cadetes (…) Cómo se hace para entrenar a miles de hombres si no tengo un polígono propio, ni una pista de atletismo para la actividad física, ni una pileta para actividades acuáticas»; cuestionó.
Al cruce de sus declaraciones, salió el subjefe de la Policía de la Provincia de Córdoba, Ariel Lecler, quien dijo: «Estamos permanentemente ocupados en elevar al máximo posible el profesionalismo y la capacitación del personal. Se rinde una condición anual de tiro. Se toman evaluaciones, se controlan los resultados. Los que desaprueban, entran en un programa de entrenamiento y seguimiento».
Lo que parece más que claro, así lo indicó también la jefa Liliana Zárate Belleti, es que Romo murió por el incumplimiento de los protocolos exigentes y en medio de una situación evitable. Lo que busca determinar ahora la justicia es el grado de responsabilidad de los policías involucrados, sus jefes y hasta la fiscal Paula Kelm, quien será denunciada por la familia de la víctima y podría ser sometida a un jury de enjuiciamiento.
