El vocero presidencial, Manuel Adorni, lo confirmó este miércoles. Las compañías de medicina privada deberán retrotraer los aumentos a diciembre de 2023 y actualizar los planes de salud en línea con el Índice de Precios al Consumidor
Tras varias versiones, idas y vueltas y amenazas de denuncias, el Gobierno nacional se metió en la polémica por los aumentos de las cuotas de las prepagas y ordenó que retrotraigan los valores a diciembre de 2023. Además, buscarán que les devuelvan el dinero a los afiliados.
«Por disposición del Ministerio de Economía, un grupo de empresas de medicina prepaga que representa el 75% de los afiliados, van a retrotraer sus cuotas a diciembre del 2023, ajustadas por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) a partir de allí. Además, deberán aplicar como máximo este índice para ajustar las cuotas por los próximos 6 meses», dijo el vocero presidencial Manuel Adorni este miércoles en conferencia de prensa.
«Esto es el resultado de una medida de tutela anticipada a raíz de una renuncia por cartelización», precisó el funcionario sobre la decisión gubernamental que daría por finalizada la polémica por el aumento de las cuotas de medicina prepaga desde el dictado del DNU presidencial que liberó los precios.
«El gobierno del presidente Javier Milei no va a convalidar maniobras especulativas, la Argentina de la avivada se terminó el 10 de diciembre», acotó Adorni en relación a los aumentos presuntamente abusivos de los empresarios.
El portavoz también informó de otra medida adoptada por el Gobierno para que las empresas devuelvan dinero cobrado a los afiliados. «La Superintendencia de Seguros de Salud como organismo fiscalizador, presentará una medida cautelar para obligar a las empresas de medicina privada que concentran el 90% del mercado, a retrotraer el valor de las cuotas y devolver a los afiliados el monto por encima de la inflación que cobraron desde diciembre hasta la fecha», concluyó.
Días atrás, el ministro de Economía, Luis Caputo, había afirmado que «las prepagas le están declarando la guerra a la clase media» con los aumentos desmedidos, por lo que anticipó que desde el Gobierno iban a hacer «todo lo que esté al alcance» para defender a ese sector de la población: incluso, se deslizó la posibilidad de recurrir a la Justicia.
