A través de la Resolución 37/2025 se simplifican los procedimientos y se reduce la intervención estatal en la inspección de productos embotellados, otorgando mayor libertad a los productores
El Gobierno derogó 973 normas del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y redefine el rol del organismo, según la Resolución 37/2025 publicada este viernes en el Boletín Oficial. El objetivo es eliminar la intervención en los procesos productivos del vino y reducir la burocracia en el sector.
La decisión implica que el organismo dejará de intervenir en las etapas iniciales del proceso productivo -como la cosecha, la elaboración o el transporte- para concentrarse únicamente en el control de los productos finales embotellados, garantizando su aptitud para el consumo. Además, los controles de trazabilidad (certificación de origen, añada y varietal) pasarán a ser optativos, a elección de los productores.
El énfasis recae en asegurar la aptitud para el consumo del vino y descartar adulteraciones o incumplimientos en el producto final. «El organismo dejará de intervenir en las etapas iniciales e intermedias del proceso productivo para concentrarse exclusivamente en el control del producto final, garantizando que los vinos sean aptos para el consumo y no estén adulterados», indica el comunicado enviado por el Gobierno.
El nuevo esquema alcanzará a productores de uvas, bodegas, fábricas de mosto y espumosos, plantas de fraccionamiento y de productos enológicos, comercializadores, distribuidores, exportadores e importadores, así como a laboratorios enológicos y operadores registrados.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó que con esta reforma «se deja atrás un régimen en el que el Estado pretendía controlar cada paso del proceso productivo para pasar a un modelo enfocado exclusivamente en garantizar la aptitud para el consumo del vino».
Según Sturzenegger, la resolución pone fin a décadas de «burocracia absurda». Solo en 2024 el INV había emitido 140.000 permisos de tránsito y realizado más de 5.000 inspecciones, en algunos casos con visita a una bodega cada dos días. «La mayoría de las bodegas no tiene problemas; ya bastantes dificultades tiene el negocio en sí mismo para que el Estado complique la cosas», sostuvo el funcionario.
Argentina produce 900 millones de litros de vino por año y exporta US$ 800 millones anuales, lo que la ubica como el quinto productor mundial. Pero en un contexto de caída global del consumo y cambio en las preferencias -con el auge del vino sin alcohol- «es un imperativo darle a la industria la flexibilidad y libertad necesarias para adaptarse a este cambiante entorno», explicó.
