La UEI fue creada en junio de 2004 y tenía como objetivo la búsqueda de menores desaparecidos durante la última dictadura militar. En tanto, Abuelas de Plaza de Mayo había advertido sobre dicha medida
Este miércoles 14 de agosto, por decreto, el Gobierno nacional dispuso el cierre de la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños (UEI) durante la última dictadura militar. Funcionaba desde junio de 2004 y conformaba la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI).
Se trata del departamento que asistía a jueces y fiscales en casos vinculados a la restitución de identidad de personas apropiadas durante la última dictadura cívico-militar, y a las investigaciones conexas que se podían desprender de los expedientes principales.
La derogación del decreto 715/2004, argumenta que la creación de esta Unidad implicaba una delegación de facultades que, según la Constitución Nacional, son exclusivas del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal.
Y señala que el acceso directo e irrestricto a información confidencial sin intervención judicial que otorgaba este decreto constituía una violación del derecho a la intimidad y otras garantías constitucionales, como el debido proceso.
Desde el Gobierno apuntan que «la investigación de delitos graves, como la desaparición forzada de personas, debe ser conducida por el Poder Judicial, en coordinación con el Ministerio Público Fiscal, para garantizar la imparcialidad y el respeto de los derechos fundamentales».
Abuelas de Plaza de Mayo había advertido sobre la eliminación de la unidad especial para búsqueda de nietos apropiados
«La eliminación de la UEI ralentizará la búsqueda de nuestros nietos y nietas y resultará un perjuicio para la ciudadanía, un obstáculo para la justicia y un gasto para el Estado», manifestaron desde Abuelas de Plaza de Mayo a fines de junio, cuando se hablaba de la posible eliminación de la Unidad Especial por parte del Gobierno Nacional.
Al respecto, argumentaron: «Como auxiliar de la Justicia, la Unidad evita la citación en sede judicial de hombres y mujeres, así como también prevé la confidencialidad absoluta de estos procesos. Nunca, en estos 32 años de existencia de la Co.Na.DI, se filtró información acerca de alguna de las personas investigadas».
