El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Abuelas de Plaza de Mayo Córdoba, digitalizarán las actas de las personas nacidas durante la última dictadura cívico-militar. El objetivo es agilizar “la tarea de localizar e identificar identidades sustraídas” entre 1976 y 1983 y para ello firmaron el convenio “Digitalización de Actas de Nacimiento por la Identidad”.
La firma se realizó a finales de abril en la sala de situaciones de la cartera de Justicia y Derechos Humanos, y contó con la presencia del ministro, Martín Farfán; Sonia Torres, presidenta de la filial de Abuelas de Plaza de Mayo y referentes de organismos de Derechos Humanos.
Farfán señaló que el convenio constituye un hito para el Gobierno de la Provincia de Córdoba, y que el trabajo serio y arduo desarrollado por Abuelas posibilitó su realización. “Nosotros consideramos que hasta que no se ubique al último nieto o nieta existe un delito continuado y permanente en el tiempo, de modo que para hacer cesar esa circunstancia que nos duele a todos, debemos como Estado ponernos al servicio de la comunidad, al servicio de Abuelas, para que cada uno pueda recuperar su verdadera identidad”, dijo el ministro.
De los 129 nietos recuperados por Abuelas de Plaza de Mayo, cinco son hijos de cordobeses. Sin embargo, aún continúa la búsqueda de muchas personas nacidas durante la última dictadura cívico-militar, cuyas identidades fueron robadas. Como es el caso del nieto de Sonia Torres. Según surgió en el Juicio La Perla, Silvina Parodi, hija de Sonia, fue secuestrada junto a su pareja Daniel Orozco cuando estaba embarazada de seis meses y dio a luz un varón el 14 de junio de 1976.
“La digitalización de las partidas de nacimiento es un paso enorme, nos va a permitir avanzar muchísimo en la investigación; hay más de 200 nietos que todavía andan dando vuelta por Argentina y por el mundo y los queremos recuperar”, dijo la titular de Abuelas de Plaza de Mayo Córdoba.
Sólo en ese año nacieron en la provincia 48 mil varones, por lo que el trabajo de digitalización exige la coordinación de especialistas y organismos de derechos humanos. El programa estará en la órbita de la Dirección General del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, dependiente de Justicia y Derechos Humanos, que ya viene realizando tareas de innovación y modernización conjuntamente con el Ministerio de Finanzas de Córdoba.
