Las centrales Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila serán privatizadas en los próximos seis meses
El Gobierno nacional privatizará en los próximos seis meses cuatro centrales hidroeléctricas, en lo que constituye el primer paso de su plan de concesiones.
La semana pasada, la administración de Javier Milei reglamentó la primera parte de la legislación prevista en la ley Bases, con el objetivo de avanzar con las reformas, entre ellas la privatización de empresas estatales.
La medida para dar el puntapié inicial en el proceso privatizador se dio este lunes, según estableció mediante el decreto 718/2024 publicado en el Boletín Oficial.
El mes pasado el Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial la constitución de cuatro sociedades anónimas de fondos nacionales para producir y vender energía de los ríos Limay y Neuquén.
La medida se tomó en medio de los planes para transferir activos nacionales y subastar nuevos contratos de operación. Las nuevas sociedades anónimas llevan el nombre de los complejos: El Chocón, Alicurá, Piedra del Águila y Cerros Colorados.
Según fuentes oficiales, esas represas quedarán en manos de Energía Argentina S.A. (Enarsa) y Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), que luego transferirá a la Secretaría de Energía de la Nación para privatizarlas.
¿Cómo se realizarán las privatizaciones de hidroeléctricas?
La administración libertaria dictaminó que la titularidad de ENARSA y de NASA de las acciones de las sociedades constituidas «resulta transitoria, hasta tanto se produzca la transferencia de los paquetes accionarios al sector privado, a través de un concurso público nacional e internacional, competitivo, transparente y expeditivo, que propenda, además, a la consecución de valores de mercado en consideración de la actividad de interés general afectada a un servicio público involucrada y a la relevancia de los bienes operados».
Por otro lado, el decreto establece que en el caso de que fracase el concurso público, la titularidad del paquete mayoritario permanecerá en poder del Estado Nacional bajo la órbita de la Secretaría de Energía de la Nación, conducida por Eduardo Rodríguez Chirillo.
A los efectos, las autoridades económicas establecieron un plazo de seis meses para presentar los lineamientos del «Concurso Público Nacional e Internacional, competitivo y expeditivo, con el fin de proceder a la venta del paquete accionario mayoritario o controlante».
