La Conferencia Episcopal detalló que el proceso de renuncia a los fondos se completó en el cierre de 2023
La Conferencia Episcopal Argentina (CEA), ratificó hoy que concluyó «el proceso de renuncia de arzobispos, obispos diocesanos y obispos auxiliares» a los fondos previstos en la ley 21.950, por lo cual esas autoridades de la Iglesia católica dejarán de percibir los aportes del Estado nacional.
Las renuncias se realizaron el último día hábil de diciembre, «conforme a lo establecido en Asamblea Plenaria y a lo informado a la Secretaría de Culto de la Nación», indicó la CEA en un comunicado.
En una resolución del 26 de abril de 2023, el Ministerio de Relaciones Exteriores había habilitado que los arzobispos y obispos que «hayan cesado en sus cargos por razones de edad o de invalidez puedan solicitar, de manera particular, con una serie de requisitos, recibir el beneficio de la asignación prevista en la ley».
La ley 21.950 (de 1979) establece que los «arzobispos y obispos con jurisdicción sobre arquidiócesis, diócesis, prelaturas, eparquías (circunscripción territorial bajo la autoridad de un obispo) y exarcados (territorios) del Culto Católico Apostólico Romano gozarán de una asignación mensual equivalente al 80% de la remuneración fijada para el cargo de Juez Nacional de Primera Instancia, hasta que cesen en dichos cargos».
La CEA precisó que los montos que recibían los eclesiásticos eran de «98.000 pesos» y que en 2018 se había anunciado la «decisión de renunciar progresivamente a los fondos estatales».
«Si bien el aporte que realizaba el Estado -que se destinaba principalmente a pagar las asignaciones mensuales a obispos, párrocos de frontera y seminaristas diocesanos- cubría solamente el diez (10) por ciento del presupuesto total de la Iglesia, era de gran ayuda para las diócesis más pobres», se destacó.
