Durante la 35° sesión ordinaria, presidida por el vicegobernador Manuel Calvo, se aprobó en primera lectura el paquete de leyes económicas para el año 2023, tal como fuera presentado días atrás por el ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano.
En este sentido, la Cámara dio tratamiento a los dictámenes emitidos para los tres proyectos elevados por el Poder Ejecutivo, referidos al Presupuesto General de la Administración Pública Provincial, el establecimiento de la Ley Impositiva y las modificaciones previstas en el Código Tributario, así como diversos artículos y sus modificatorias de las leyes 9024, 9087, 9187, 9431, 10679 y 10724, y derogando la Ley Nº 4422.
El legislador Leonardo Limia fue el miembro informante encargado de presentar y desglosar las particularidades de los proyectos, presentados por funcionarios provinciales en distintas reuniones de las comisiones de Economía, de Asuntos Constitucionales y de Legislación General.
Luego de definir al presupuesto como «la principal herramienta de gestión que posee un gobierno», Limia explicó que la iniciativa establece erogaciones por un total de un billón setecientos cuarenta y dos mil ochocientos ochenta millones quinientos dos mil pesos.
Asimismo, estima ingresos para hacer frente a los mismos por un billón setecientos cincuenta y dos mil novecientos dieciséis millones diecinueve mil pesos, «por lo cual se plantea un resultado positivo financiero de diez mil treinta y cinco millones de pesos en la administración central», dijo el presidente de la Comisión de Economía.
«Llevando estos números al esquema de ahorro, inversión, financiamiento, tenemos que en el ejercicio 2023 se prevé un ahorro corriente de 371.000 millones de pesos, ahorro que se viene generando año tras año, mostrando un ratio positivo entre ahorro corriente e ingresos corrientes netos de coparticipación desde el año 2012», indicó Limia.
Al señalar los lineamientos que el Gobierno Provincial trazará para la ejecución presupuestaria en 2023, el legislador explicó que tendrá como «ejes estratégicos la justicia social, el crecimiento económico sostenible y el fortalecimiento de las instituciones».
«En lo referente a la justicia social –continuó Limia-, podemos decir que es un presupuesto orientado a promover el desarrollo socioeconómico, eliminando las desigualdades de ingresos entre géneros, garantizando el acceso a la salud, la educación y la vivienda digna, con programas con objetivos direccionados a cubrir todas estas aristas, con crecimientos de las partidas en términos reales. Es por ello que el gasto social se presupuestó en un total de ciento cuarenta y siete mil doscientos setenta y dos millones de pesos, lo cual implica un 87 por ciento de incremento respecto del año 2022», enfatizó el legislador.
Tal lo establecido en el artículo 106 de la Constitución Provincial y las disposiciones del Reglamento Interno de la Legislatura, este paquete de leyes económicas fue aprobado en primera lectura, con el acompañamiento de los bloques Hacemos por Córdoba e Identidad Peronista.
Tras esta primera aprobación, el proyecto retorna a las comisiones en las que fue tratado. Se estima que el miércoles 7 de diciembre se trataría en segunda lectura, previa audiencia pública prevista para el 1 de diciembre y reuniones de comisiones ya programadas para los próximos días.
