La llegada de 19 personas -entre iraníes y venezolanos- a bordo de un avión de carga venezolano que aún permanece retenido en Ezeiza asoma como un nuevo frente de batalla para el gobierno de Alberto Fernández, que en los próximos días deberá sortear una denuncia penal y una serie de pedidos de informes que ya empezó a cursar la oposición en el Congreso.
«Ya presentamos junto al diputado Ricardo López Murphy la denuncia ante el Juez Federal Federico Villena para que se investigue a los titulares de todos los organismos involucrados y se obtengan los datos dactilares de la tripulación involucrada» en el caso del avión venezolano/iraní, tuiteó ayer el diputado Gerardo Milman, de Juntos por el Cambio.
El anuncio opositor llegó luego de que el sábado el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, confirmara que el Gobierno inmovilizó un avión venezolano sancionado por Estados Unidos y les retuvo el pasaporte a cinco tripulantes iraníes.
En tanto, ayer el juez federal Federico Villena ratificó esa decisión al rechazar un habeas corpus presentado por el abogado Rafael Resnick Brenner, quien pedía liberar la aeronave y devolver los pasaportes a todos sus tripulantes, aunque podrán salir igual del país.
Ahora, la denuncia presentada por Milman apunta que el Ejecutivo dejó ingresar y circular por Argentina el avión Boeing 747, en configuración «cargo», matrícula YV3531 que fue propiedad de la empresa iraní Mahan Air y actualmente es propiedad de Emtrasur, filial del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa).
Se detalla en la presentación judicial que tanto Mahan Air como Emtrasur son empresas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros y Sanciones del Departamento del Tesoro de EE.UU.
Además, agrega que el avión ingresó a Argentina «con un manifiesto de vuelo irregular y presuntamente con el transponder apagado como si quisiera no ser localizado».
La denuncia de la oposición suma la cantidad de pasajeros a bordo «impropia» para un vuelo de «carga» y sus nacionalidades e identidades: eran 19 personas, siete iraníes y el resto venezolanos.
Los iraníes de la tripulación tendrían presuntamente vínculo con las Fuerzas Quds, una división de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica especializada en operaciones de inteligencia militar, definida por Estados Unidos como organización terrorista, siempre de acuerdo a la denuncia que recuerda que Argentina ha sufrido dos atentados terroristas en la década del 90- a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y a la embajada de Israel en Buenos Aires- mientras la Justicia ha señalado a funcionarios iraníes y al grupo musulmán Hezbolá como responsables.
En este contexto, la AMIA y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas difundieron un comunicado en el que solicitaron a las autoridades argentinas «el total esclarecimiento de la situación generada por el avión venezolano, vinculado a Irán» y «los motivos de su paso» por Argentina.
La cuestionada aeronave ingresó al país el lunes pasado proveniente de México con destino al aeropuerto internacional de Ezeiza, recuerda la denuncia, y el miércoles último el avión despegó del aeropuerto de Ezeiza y tras sobrevolar el Río de La Plata durante veinte minutos aterrizó nuevamente en el aeropuerto argentino, porque entiende, Uruguay no habilitó el aterrizaje del avión.
Según los «flights records» recientes de la aeronave, estuvo 15 días en Paraguay, Bielorrusia, Teherán, Moscú, señala la denuncia, en tanto, indica que esta aeronave tendría actualmente vedado el uso de los espacios aéreos de Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile.
Pero hay otro punto que la oposición quiere aclarar y es si entre los tripulantes había o no «al menos 10 pasajeros más que los 14 venezolanos y cinco iraníes identificados» en el Boeing 747 que aterrizó. Un misterio que, más allá de lo actuado por la Justicia, buscarán revelar en el Congreso.
