El Gobierno de Córdoba implementó un ‘Plan de Emergencia Humanitaria en Género y Violencia Contra la Mujer’, que contempla acciones estratégicas para mitigar las consecuencias del considerable aumento de casos de violencia durante el aislamiento social, según una resolución publicada hoy en el Boletín Oficial provincial.
La Resolución Nº 57 del ministerio de la Mujer crea el instrumento e instruye a la Secretaría de Lucha Contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas a ejecutar lo necesario para garantizar la continuidad de las acciones de prevención y contención brindadas a las mujeres en situación de violencia.
El instrumento se fundamenta a partir de que «en toda la extensión del territorio provincial, y atento al aislamiento social obligatorio, las consultas y denuncias por violencia de género y familiar aumentaron considerablemente, respecto a períodos anteriores».
Al respecto, añade que la cuarentena para combatir el coronavirus «no implica seguridad y tranquilidad para muchas personas, en su mayoría mujeres, niños/as y adultos mayores, ya que el hogar es un lugar de riesgo vinculado a situaciones de violencia por razones de género».
Además sostiene que esas conductas de violencias «se intensifican con el estrés causado por la evolución de la pandemia, además de la incertidumbre económica, sanitaria y de seguridad».
Atento a ese escenario de riesgo y con la limitación de la circulación, «resulta necesario disponer de acciones estratégicas para mitigar las consecuencias que se producen en materia de violencia por razones de género». Al respecto la resolución plantea «fortalecer la asistencia brindada a las mujeres y garantizar una contención real».
El último informe oficial del Ministerio Público Fiscal detalló que desde la vigencia de la cuarentena el 20 de marzo y hasta el 30 de abril pasado, la Justicia local atendió 1.908 denuncias por violencia, de las cuales 1.849 corresponden a violencia familiar y 59 por violencia de género.
En el marco de esas denuncias se ordenaron 471 exclusiones del hogar a agresores, 1.803 restricciones de contacto y comunicación entre víctima y victimario, 124 incautaciones de armas, 171 entregas de botones antipánico y seis disposiciones de colocación del dispositivo electrónico dual (tobillera).
